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La figura de Josep Maria Matamala Alsina, empresario gerundense y amigo cercano del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha cobrado relevancia en las investigaciones relacionadas con el denominado "procés" independentista catalán. Matamala, conocido como 'Jami', ha sido objeto de investigaciones por presunto encubrimiento y su posible vinculación con la financiación irregular de actividades relacionadas con el independentismo.

Josep Maria Matamala (izquierda) junto a Carles Puigdemont (derecha). Fuente: El Confidencial

Detención en Alemania e Investigación Inicial

Carles Puigdemont fue detenido en una gasolinera en Alemania. En ese momento, viajaba en un vehículo con otras cuatro personas. Entre ellas, dos agentes de los Mossos d'Esquadra encargados de su seguridad, el empresario Josep Maria Matamala, y el profesor de historia Josep Lluís Alay Rodríguez.

Tras la detención, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional abrió una investigación sobre los dos mossos que acompañaban a Carles Puigdemont. Se enviaron todos los datos a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para determinar si su comportamiento constituía un delito. Además, los Mossos d'Esquadra también iniciaron una investigación interna.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una condena de tres años de prisión por delito de encubrimiento para cada uno de los dos agentes de los Mossos d’Esquadra que acompañaban al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018.

Inicialmente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón también investigó a Josep Maria Matamala y a Josep Lluís Alay. Sin embargo, ambos fueron exculpados posteriormente. No obstante, Alay enfrenta otra causa judicial por presunta malversación y prevaricación.

El Papel de Josep Maria Matamala

Matamala ha sido una figura constante junto a Puigdemont desde su huida a Bruselas. Actuando como su sombra tanto en Bruselas como en los días posteriores a la declaración de independencia. Además de su cercanía personal, Matamala es un empresario con una trayectoria en diversos sectores.

Fue concejal de CIU en el Ayuntamiento de Girona entre 1987 y 1995, y portavoz del grupo durante los últimos cinco años de su carrera política. También es un respetado empresario gerundense dedicado a sectores como la organización de ferias de producto y de gastronomía a través de la empresa Incatis, y al sector de la papelería y la impresión digital con la empresa Stein Girona.

Incatis se encarga de la organización de la feria de la Purísima de Camprodon. Este evento se presenta como una actividad que da inicio a las campañas de Navidad, esquí e invierno. Se trata de una feria organizada de forma público-privada entre el Ayuntamiento, la empresa Incatis y la Asociación de Comercio y Turismo del Valle de Camprodon (ACTVC) y la colaboración boración de la Mancomunidad de la Vall de Camprodon, la Diputación de Gerona y la Generalitat de Cataluña.

La amistad entre Puigdemont y Matamala se forjó a finales del siglo pasado. Desde entonces, la relación ha sido clave en la carrera política de Puigdemont. En 2016, Matamala fue la primera persona a la que Puigdemont llamó para comunicarle su posible nombramiento como President de la Generalitat.

Lazos con Tsunami Democràtic y Financiación Irregular

Desde que la Audiencia Nacional investiga a la plataforma separatista Tsunami Democràtic por posibles delitos de terrorismo, la investigación ha ido destapando novedades del procés, que afectan a diversos políticos catalanes. En particular, la Audiencia Nacional ha destapado lazos de Tsunami con el expresidente Puigdemont, que datan de 2017.

Según ha podido acreditar la investigación, el prófugo de la justicia mantuvo desde los primeros años del procés contacto con la plataforma que promovió movilizaciones radicales y boicots como los cortes de la carretera AP-7 o el aeropuerto de El Prat. Los vínculos entre los radicales separatistas no sólo quedaron dentro de España.

Las investigaciones también han revelado lazos entre sectores independentistas y redes de espionaje rusas, según el caso Voloh, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Tras la llegada de Puigdemont a Waterloo, se creó un entramado de financiación irregular para sostener al prófugo de la justicia. El empresario Jaume Cabaní creó la sociedad Catalitza Ou en Estonia, y se le atribuyen cuentas en Suiza para financiar Tsunami Democràtic.

Citación en la Audiencia Nacional y No Comparecencia

Josep Maria Matamala fue citado a declarar en la Audiencia Nacional como investigado por encubrimiento, pero no se presentó. La policía detuvo a los dos agentes y también a Alay por un supuesto delito de encubrimiento, quienes declararon y quedaron libres a la espera de declarar ante el juez.

El juez instructor de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, citó a declarar a las cuatro personas que acompañaban a Carles Puigdemont en el coche cuando fue detenido en Alemania, atribuyéndoles un delito de encubrimiento. Sin embargo, Matamala no acudió a la declaración.

Fuentes jurídicas aclararon que no se acordó la busca y captura para Matamala, sino simplemente la averiguación de un domicilio para notificarle que debe acudir a la Audiencia Nacional para ser interrogado. No obstante, estas fuentes explican que en el caso de Matamala no está muy clara su posible responsabilidad en el delito, lo que no ocurre por ejemplo con los miembros de los Mossos d’Esquadra, por lo que en su caso podría quedar archivado el caso.

Para los investigadores es difícil determinar si Matamala formó parte del operativo para encubrir a Puigdemont o simplemente le estaba acompañando cuando cogió el coche rumbo a Bélgica.

Espionaje y el Caso Pegasus

Cinco empresarios catalanes del sector tecnológico han denunciado a dos ex directores generales de la Guardia Civil, a la exdirectora del CNI Paz Esteban y las empresas israelíes fabricantes de los software espía Pegasus y Candiru por el espionaje del que fueron objeto en sus teléfonos móviles. Se les acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La denuncia, coordinada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance, se investiga en el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona. Este nuevo procedimiento se suma a la media docena de causas que se siguen en otros juzgados por idénticos hechos, en el entorno independentista catalán.

Precisamente este lunes ha vuelto a declarar como imputada Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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