La corrupción en España es un problema profundamente arraigado que involucra tanto a empresarios como a políticos. Mientras los medios, la justicia y la política se centran en la corrupción de los políticos, las actividades corruptoras de los grandes empresarios pasan desapercibidas.
Antonio Rico, un policía local en Murcia, ejemplifica la lucha contra la corrupción. Rico denunció prácticas corruptas en Torrevieja (Alicante), lo que le valió acoso laboral y personal. A pesar de que sus denuncias surtieron efecto y un inspector fue condenado, su vida fue destrozada. Él se topó con lo más feo de la política, de frente: "Y lo que no puede ser es que tú lleves lo que yo llevé a Fiscalía, y la siguiente noticia que tengas de ellos es tu imputación".
La Ley de Protección al Informante: ¿Papel Mojado?
La ley 2/2023, que cumple la directiva europea 2019/1937, entró en vigor el 13 de marzo de 2023, con el objetivo de proteger a los denunciantes de corrupción. Esta norma otorga "confidencialidad, anonimato, presunción de inocencia, asesoramiento legal y psicológico, y registro no público de denuncias" a empleados, ex empleados, becarios y voluntarios que denuncien corrupción en el sector público y privado. Sin embargo, Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho, señala que la ley es "puro papel mojado" y no se aplica adecuadamente.
En España, hay un sistema muy deficiente de protección a esta gente, muy desigual territorialmente y sin claridad como para que los funcionarios, o los empleados, o quien sea, sepan a qué atenerse si denuncian hechos como estos. Las represalias son algo muy generalizado.
El Caso de Lorenzo Serena: Del Ostracismo a la Rehabilitación
Lorenzo Serena, funcionario con 30 años de carrera, denunció presuntas irregularidades en una adjudicación en Navarra. Inicialmente, su denuncia fue descartada y ridiculizada. Sin embargo, las irregularidades que él había denunciado en la adjudicación de una obra de 76 millones a una empresa vinculada a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, se convirtieron en una de las posibles mayores mordidas del caso Koldo... Y de pronto Serena pasó de paria a hablar en el Senado. Tras lo que manifestó su pasmo a este periódico: "Sus señorías ni se habían informado de lo que hablaban, es lamentable el bajo nivel de la política".
Tras denunciar las irregularidades, Serena fue trasladado a una nave a las afueras de Pamplona. "Allí sólo estábamos cuatro vigilantes jurados, y yo. Y ellos se iban cuando se acababa su turno, y yo me quedaba allí", explicó a este diario. "Fue una chiquillada increíble... ¿Qué pensaban, que no se iba a enterar todo el mundo?".
La protección del denunciante de corrupción: directiva europea y avances
La Politización de la Lucha Contra la Corrupción
La corrupción se convierte en munición mediática para atacar a los rivales políticos. En realidad, es la política la que no ha sabido o querido aún dar protección a los denunciantes. Ciudadanos fue quien primero propuso la ley de los whistleblowers, a la que obligaba la UE. Después, la impulsó la actual mayoría parlamentaria, pero en falso: "No se ha dotado ni siquiera de medios la Autoridad Independiente de Protección al Informante [AAI]", dice Safira Cantos, "que es la institución que debe gestionar dicha protección".
El Caso Peñas: Colaboración con la Justicia y sus Consecuencias
Pepe Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda, colaboró con la justicia en el caso Gürtel. Él entregó a las Fiscalía, cuando la investigación ya había comenzado, "sesenta y pico grabaciones o así, ya no recuerdo cuántas eran", de conversaciones suyas con Correa y Luis Bárcenas, realizadas durante dos años (de 2005 a 2007), y luego fue condenado (a cinco años de cárcel, de los que no cumplió nada porque la pena de cada delito no superaba los dos años), e indultado (para no perder su condición de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid). Él se topó con lo más feo de la política, de frente: "Y lo que no puede ser es que tú lleves lo que yo llevé a Fiscalía, y la siguiente noticia que tengas de ellos es tu imputación".
Un Caso Sangrante: El Vía Crucis del Denunciante
Una whistleblower de libro, en uno de los casos de corrupción más sangrantes de los últimos 10 años en España -funcionaria de alto rango que se metió a alertar sobre mordidas a cambio de adjudicaciones-, no se atreve a salir con su nombre y su cara en este reportaje. "Me pusieron creo que 14 denuncias", dice, "tratando de buscarme las vueltas de todas las maneras posibles, por contratos públicos que yo había gestionado... Queda ya sólo una denuncia viva, pero hasta no estar limpia no quiero salir en los medios: te destrozan y les sale gratis", dice.
La Corrupción Empresarial: Un Problema Ignorado
Mientras se ataca la corrupción de los políticos, las actividades corruptoras de los grandes empresarios quedan en la impunidad. Es más, quedan en la más absoluta impunidad. Atacar, denunciar y juzgar a un Ábalos, Koldo o Cerdán resulta muy fácil. Hacerlo con los ejecutivos de las constructoras ya es más complicado. Hace falta tener coraje.
Un caso citado es la multa de 203,6 millones de euros a seis constructoras por alterar las licitaciones de infraestructuras durante más de 25 años. Las empresas sancionadas son Acciona Construcción, S.A., Dragados, S.A., FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain, S.A. y Sacyr Construcción, S.A.
El Caso Koldo y la Respuesta de las Patronales
El caso Koldo ha mostrado cómo funcionan las mordidas que se reparten algunos políticos corruptos a cambio de conseguir adjudicaciones públicas para los corruptores, las empresas. Desde las patronales CEOE y Cepyme no han tardado en cargar contra el Gobierno y han tachado el escándalo de “corrupción política”, nunca empresarial, y su presidente, Antonio Garamendi, ha asegurado que “estamos asistiendo a un deterioro acelerado de nuestras instituciones, de nuestra imagen país y, cada vez se hace más difícil trasladar mensajes de confianza a la ciudadanía y, en el ámbito económico, a las empresas, inversores y mercados”.
Algunos medios han tenido la decencia de poner también la mira en las empresas que han formado parte de esta trama corrupta. La principal implicada es una vieja conocida: Acciona. La empresa de los Entrecanales es citada 161 veces en el informe de la UCO, según un análisis que han hecho en Colmena de datos. Ferrovial y Sacyr, otros dos de los grandes grupos constructores y de servicios del país, también con apellidos ilustres en sus juntas directivas que nos remontan a la dictadura, son citados 13 y 12 veces respectivamente.
Empresas más citadas en el Informe de la UCO del Caso Koldo
| Empresa | Número de Citas |
|---|---|
| Acciona | 161 |
| Ferrovial | 13 |
| Sacyr | 12 |
Los grandes empresarios de este país ya nos tienen acostumbrados a sus hipócritas falacias e impostada rectitud. Pero, aún así, el descaro con el que nos vacilan es a veces insoportable. Lo hacen porque saben que se lo pueden permitir. Porque ningún gobierno ha puesto verdaderas medidas anti corrupción que señalen y sancionen a los corruptores.
Percepción de la Corrupción en España y Portugal
Un estudio revela que la ciudadanía percibe altos niveles de corrupción tanto en el ámbito empresarial como en el político. Los españoles y portugueses consideran que alrededor del 50% de los empresarios son corruptos, un porcentaje que se eleva a entre el 60 y el 70% en el caso de los políticos. Se cree también que la corrupción no es una circunstancia, sino que forma parte de la cultura empresarial del país para el 70% de las personas entrevistadas en España y el 80% en Portugal, frente al 60% de la media europea.
El Caso Montoro: La Captura del Legislador
La investigación, abierta en 2018 y que hasta ahora permanecía bajo secreto de sumario, ha hecho que el magistrado constate “la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración central, desde donde habrían creado una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico”. Es decir, compraban leyes.
La forma de actuar, según el auto que ha acabado con la imputación de 28 personas, entre las que hay miembros de su cúpula ministerial, consistía en que las empresas se valían de las influencias de Montoro en el Gobierno para lograr reformas legislativas que les beneficiaban, pasando siempre antes por el despacho de abogados Equipo Económico, ahora llamado Global Afteli, fundado por el exministro popular en 2006.