El sistema judicial español se ha visto sacudido por un caso de prostitución infantil en Murcia, donde varios empresarios han sido condenados tras una larga investigación que se inició en 2014. Los hechos ocurrieron hace casi una década, pero las consecuencias legales y sociales siguen resonando en la opinión pública.
La Investigación y el Desmantelamiento de la Red
La investigación se inició en 2014 tras la desaparición de una menor, cuyos padres alertaron a la Policía debido a su inusual nivel de vida sin ingresos conocidos. En 2015, la Policía Nacional desmanteló una red de explotación que captaba a chicas de entre 14 y 17 años en colegios, discotecas o a través de anuncios en Internet. La menor fue localizada en un piso en Murcia junto con otras chicas, algunas de ellas también menores de edad, que estaban siendo explotadas sexualmente.
Las menores eran llevadas a pisos de alterne o a domicilios privados en Murcia y sus alrededores, donde eran explotadas sexualmente por entre 80 y 200 euros. Los proxenetas crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes que incluían en un catálogo.
Los Empresarios Implicados
Entre los procesados se encuentran empresarios, como J. C., promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, que abandonó el cargo cuando se destapó la trama. También están implicados los miembros de un bufete de abogados que pedían que les trajeran niñas al despacho. Todos los investigados sabían que las víctimas no habían alcanzado la mayoría de edad, según el escrito de acusación.
Juan Castejón Ardid, expresidente y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), exvicepresidente de la Confederación Empresarial de la Región de Murcia (CROEM) y empresario, también abusó de una niña que, con 15 años, publicó una oferta para trabajar de cuidadora en milanuncios.es y recibió la respuesta de una de las ‘madames’ condenadas por la trama.
Junto a Castejón han sido condenados seis hombres más: José Antonio Arce López (70 años, Beniaján), Juan Peque Álvarez (72 años, León), José Jara Albero (68 años, Alicante), Antonio Giménez Pelegrín (81 años, Lorca), Antonio Morales Nicolás (92 años, Murcia) y Juan Martínez Fernández (73, Murcia).
A diferencia de la quinta víctima, también menor, y que fue captada mientras «pasaba por un momento de dificultades económicas, lo que le hacía más fácil que pudiera ceder», Castejón era por aquel entonces un destacado -y pudiente- miembro de la patronal cartagenera.
Casi diez años después, Castejón ha salido a pecho descubierto, sonriente y con la cabeza bien alta del Juzgado de Murcia tras ser condenado por cinco delitos de prostitución de menores.
Las Condenas y el Atenuante de Dilaciones Indebidas
Inicialmente, los empresarios se enfrentaban a penas de prisión de entre 24 a 56 años como máximo. Sin embargo, un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía ha reducido las penas a cinco meses de cárcel tras el pacto. Y entre los argumentos para esta reducción de la condena está el atenuante de dilaciones indebidas: el juicio ha tardado diez años en celebrarse.
Con la reducción a cinco meses, los empresarios no entrarán en prisión por no superar los dos años de condena, siempre que cumplan con el pago de la responsabilidad civil, como ha confirmado la Audiencia Provincial de Murcia tras el acuerdo con el que se evita el juicio, que estaba previsto para este miércoles 11 de septiembre.
En la misma causa hay implicados otros seis acusados, que también han pactado con la Fiscalía para obtener penas menores. Las penas combinadas no superan los dos años de cárcel, por lo que tampoco se espera que ingresen en prisión.
El apodado como 'El Petrolero' pisaba la calle con alivio, sabiendo que no iba a entrar en prisión. Así lo decidió el juez en una sentencia que ha encendido a la sociedad murciana y que lo ha condenado a cinco meses de cárcel y 2.000 euros de multa por cada víctima después de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía -que pedía antes de la vista del pasado miércoles entre 4 y 24 años de prisión para los empresarios, según el número de delitos- y obtener la reducción de las condenas por «dilaciones indebidas».
Este último, Martínez Fernández, trabajó como enterrador en Alhama de Murcia y Totana y es un destacado miembro de la comunidad de este último municipio, donde ha recibido varios homenajes por su participación en la Semana Santa de la localidad o por sus logros académicos. Su pena también ha sido rebajada y ha sido condenado por un delito de prostitución de menores a cinco meses de cárcel (que, como el resto de acusados, no pisará) y a pagar 1.000 euros a su víctima.
Indignación en Murcia tras librarse empresarios condenados por pagar a cambio de sexo con menores
Reacciones y Consecuencias
La reducción de las condenas ha generado un intenso debate en la sociedad murciana. Antonio Casado Mena, abogado penalista y doctor en derecho, señala que la reducción de las condenas es culpa de que la Justicia se retrase «por falta de medios», por lo que «hay un claro culpable: el mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido este lunes la pena de entrada en prisión impuesta a cuatro de los siete empresarios que fueron condenados el pasado 11 de septiembre por prostitución tras reconocer haber tenido sexo con menores de edad a cambio de dinero.
El fiscal José Francisco Sánchez Lucerga solo se ha opuesto a la de J.C.A, quien acumulaba la mayor pena con 25 meses de cárcel tras reconocer los cinco delitos de prostitución de menores. En este caso, el representante del Ministerio Público ha anunciado que presentará un recurso y la suspensión de la pena no es firme.
Marta Latorre, profesora de Sociología en la Universidad de Murcia y miembro del colectivo feminista Fuste, considera que ha habido una ausencia de responsabilidad en esa acusación en el sentido de velar y proteger los intereses de las víctimas.