Enrique Ortiz López-Valdemoro, nacido en 1928 en el seno de una familia noble, fue una figura clave en el desarrollo urbanístico de Alicante, aunque su trayectoria estuvo salpicada de controversias y acusaciones de corrupción.
Vista panorámica de Alicante, ciudad donde Enrique Ortiz desarrolló gran parte de sus negocios urbanísticos.
Orígenes Familiares y Vida Discreta
Ortiz ostentaba los títulos de VIII Conde de Donadío de Casasola y VII Conde de las Navas, aunque éste último se lo otorgó a su hija María Teresa en 1994. Se casó con María Teresa Osborne y Marenco, perteneciente a la familia que fundó la cervecera Cruzcampo y nieta por parte de padre del Conde de Osborne, fallecida en 1991. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Norberto Juan, María Teresa, Marta y María de la Luz.
El mayor, aunque comenzó a estudiar para ser ingeniero agrónomo, abandonó los estudios y eligió dedicarse al mundo de la canción. Fue ahí, en los años 70, cuando se cambió el nombre, eligiendo el apellido de su madre, bien conocido por las conocidas bodegas que llevan el mismo nombre: nacía el cantante Bertín Osborne, ahora a pocos meses de cumplir los setenta años de edad.
Según comentó alguna vez el propio Bertín, su padre no asistió a su boda en 1977 con la jerezana Sandra Domecq, su primera mujer, fallecida en 2004, el pasado 13 de agosto se cumplieron los veinte años de su muerte.
Aunque el cantante es uno de los rostros más conocidos de España, su padre, Enrique, supo mantenerse en la más absoluta sombra, alejado de cualquier cámara o micrófono que hubiera intentado acercarse a él.
Bertín sólo tenía buenas palabras para su padre, del que hablaba en su línea bromista habitual, en una entrevista en 2017. "Tiene más años que un bosque, pero sigue igual, tiene una novia, me ha dicho que ha conocido a alguien".
También, en alguna ocasión comentó lo mucho que a su padre le gustaban las rancheras, aunque no las entonaba demasiado bien, según decía su propio hijo. Quizás por ello Bertín las incluyó en algunos de sus repertorios.
Enrique Ortiz fallecía a los 96 años de edad.
Ascenso Empresarial y Auge Urbanístico
Casado y con cuatro hijos, Enrique Ortiz Selfa nació hace medio siglo en un pueblecito de Huesca, porque una nevada impidió a su madre, que estaba de parto, llegar a Alicante. Se crió en el populoso barrio de Benalúa. Desde muy joven trabajó en una modesta empresa, creada por su padre en los años 30 del pasado siglo. A la muerte de su padre asumió la dirección de la empresa, llamada Enrique Ortiz e Hijos, y amplió su actividad a la obra pública. Era un perfecto desconocido cuando se presentó, en los 80, a una contrata municipal en tiempos del alcalde José Luis Lassaletta. Obtuvo la adjudicación y desde entonces su nombre y actividad fueron creciendo como la espuma hasta convertirse en uno de los empresarios de referencia.
La pequeña mercantil familiar, hoy rebautizada como Grupo Cívica, se ha convertido en un imperio empresarial que abarca las obras de construcción públicas y privadas, la gestión del suelo, la actividad inmobiliaria y la gestión de servicios públicos. Su trabajo, centrado inicialmente en Alicante y provincia, se ha ido extendiendo como mancha de aceite, hasta alcanzar y desbordar los límites de la Comunitat Valenciana. Alicante, no obstante, sigue siendo su centro de operaciones y donde ha obtenido sus mayores y más importantes adjudicaciones.
Así, Cívica, integrada en Inusa, se ocupa de la recogida de basuras, atiende la limpieza de colegios y edificios municipales, explota varios aparcamientos subterráneos y repara la mayorías de calzadas y aceras.
En 1999, el entonces alcalde Luis Díaz Alperi, le convenció para comprar al Hércules y salvar al equipo alicantino de su desesperada situación. Ortiz, que siempre había dicho que ni le gustaba ni le interesaba el fútbol, se convirtió en el mayor accionista del Hércules, al adquirir el 95% de las acciones e incluso llegó a ostentar el cargo de presidente durante unos meses. El proceso de adquisición del Hércules lo llevó a cabo a través de una nueva mercantil, Aligestión, la actual propietaria del estadio Rico Pérez.
El promotor Enrique Ortiz protagonizó una de las mayores expansiones de la provincia durante la época del «boom». El volumen de activos del Grupo Cívica pasó de 194 a 1.035 millones de euros entre 2003 y 2008, en una evolución más propia de una empresa tecnológica que de una firma de la economía tradicional.
Eso sí, la mayor parte de estos activos correspondían a los solares y terrenos que el grupo fue acumulando y que, con la llegada de la crisis, perdieron gran parte de su valor. Entre ellos, por ejemplo, el suelo que compró para desarrollar el Plan Rabasa, donde debían construirse más de 13.000 viviendas, además de un parque comercial -Ikea incluido- que nunca llegó a ver la luz.
Aunque el grupo mantiene sus divisiones de obras públicas y construcción, según admitieron ayer desde la compañía, en estos momentos son los servicios los que mejor le funcionan. Además de su participación en la concesionaria de la limpieza de la capital de la provincia, Cívica también tiene participaciones en empresas de limpieza de edificios -con varios contratos con la administración-, en la cadena de residencias para la tercera edad Gerocentros, o dispone de espacios comerciales para alquilar.
Igualmente, gestiona varios parkings en Alicante, San Vicente, Alcoy, Dénia o València; y también participa en la concesionaria de la autopista de Ibiza a San Antonio.
Enrique Ortiz junto a Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, figuras políticas clave en su trayectoria empresarial.
El Caso Brugal y las Acusaciones de Corrupción
Dinero en metálico, vacaciones pagadas y un coche marca Mini Cooper. Estos son algunos de los regalos que el empresario alicantino Enrique Ortiz pudo haber hecho a dos exalcaldes de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del Partido Popular, con el fin de garantizar que el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad favoreciera sus intereses. Ortiz acaba de admitir ante la Fiscalía Anticorrupción este presunto amaño en un acuerdo por el que acepta dos años de prisión y una multa que roza los 900.000 euros.
Con el acuerdo, Ortiz se declara autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro de tráfico de influencias, así como cooperador en otro delito continuado de prevaricación.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción también obliga a Ortiz a abonar cerca de 1,6 millones en concepto de multas e indemnizaciones. La corrupción de autoridades públicas le cuesta un año y seis meses de prisión y 356.528 euros de multa. El tráfico de influencias, seis meses más y 526.261 euros. Y, finalmente, los costes derivados de un plan urbanístico que se desarrolló entre 2007 y 2010, y que fue finalmente desestimado en 2015, añaden una indemnización al Ayuntamiento de Alicante de 713.057 euros más.
Según el escrito de la acusación, a cambio de esas modificaciones y recalificaciones, Alperi y Castedo recibieron pagos en metálico, viajes a Creta, Ibiza o Andorra y un Mini Cooper. En total, unos 700.000 euros repartidos entre ambos alcaldes, según el fiscal, para garantizarse un buen negocio con el nuevo desarrollo urbanístico de la ciudad. Por este motivo, los dos exalcaldes se enfrentan a diez años de cárcel.
En una de las piezas del caso Gürtel, sobre la financiación irregular del PP, consiguió desviarse del camino a prisión gracias a otro pacto por el que fue condenado a un año y tres meses de prisión que eludió pagando una multa.
El sumario del 'caso Brugal' reveló la íntima relación entre Castedo, su predecesor, Luís Díaz Alperi, y el constructor Enrique Ortiz, autodenominado “la polla insaciable” del urbanismo de Alicante. El empresario fue condenado en el marco de la causa relativa a una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a una multa de 18.000 euros por delito de cohecho activo impropio.
El Tribunal Supremo validó recientemente las escuchas telefónicas de la marcocausa en el marco de la pieza separada del 'caso Brugal' relativa al contrato de basuras de Orihuela.
Ortiz, con notables intereses empresariales en el PGOU de Alicante, mantenía línea directa con la entonces alcaldesa popular, a la que le ligaba “una estrecha y antigua relación de amistad”, según la sentencia.
En una conversación telefónica entre Ortiz y Castedo, interceptada el 25 de diciembre de 2008, la entonces alcaldesa popular dijo: “Se han pasado” (en referencia al regalo). La Sala de lo Penal del TS concluyó que el regalo “excede de lo socialmente admitido” y que “se hizo en atención al cargo o función que ocupaba” Sonia Castedo, “pues ella misma reconoce que es un regalo excesivo”.
El jefe del Grupo Cívica ingresó entre octubre de 2008 y junio de 2010 hasta 320 millones de euros mediante grandes ventas de terrenos situados en Alicante y traspasos de participaciones de sociedades cuyos principales activos inmobiliarios radicaban también en la ciudad.
El modus operandi fue sencillo: el empresario presentaba un plan urbanístico para desarrollar un suelo de su propiedad, el consistorio aprobaba a continuación la propuesta, y luego -a veces sólo transcurrían días- se vendía a un tercero (siempre eran Bancaja o Urbanika, firma controlado por la caja) ese terreno, que ya tenía todos los parabienes legales otorgados por la administración local para su futuro desarrollo, lo que permitía aumentar el valor de los suelos y activos.
Bankia considera que Bancaja salió tremendamente perjudicada de los negocios con Ortiz, que fue el gran beneficiado de estas transacciones que tenían el amparo legal-urbanístico del Ayuntamiento.
La ex alcaldesa siempre negó que Ortiz sacara partido de las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento; sin embargo, en este trabajo se ponen negro sobre blanco los beneficios obtenidos por el constructor durante la era Castedo, que al igual que el ex alcalde Luis Díaz Alperi, habría proporcionado un presunto trato de favor a Ortiz en la tramitación del PGOU.
Ejemplos de Operaciones Urbanísticas Bajo Sospecha
- Plan Rabassa: Ortiz vende a Bancaja Hábitat el 20% de Visomed por 44 millones, obteniendo una plusvalía que roza los 44 millones.
- PAU-3 (Vistahermosa, Albufereta y Playa San Juan): Ortiz vende a Bancaja el 50% de la sociedad Vistahermosa por 43,5 millones, obteniendo unas plusvalías de 41,8 millones.
- APA-9 (Vistahermosa-Lomas Garbinet): Cívica vende a Urbanika el 50% de la sociedad Inmovist por 65,3 millones, obteniendo unas plusvalías de 59,1 millones.
Para entender mejor el alcance de las operaciones urbanísticas de Enrique Ortiz, la siguiente tabla muestra un resumen de algunas de las transacciones más destacadas y las ganancias obtenidas:
| Operación Urbanística | Descripción | Ganancia (aproximada) |
|---|---|---|
| Plan Rabassa | Venta del 20% de Visomed a Bancaja Hábitat | 44 millones de euros |
| PAU-3 | Venta del 50% de la sociedad Vistahermosa a Bancaja | 41.8 millones de euros |
| APA-9 | Venta del 50% de Inmovist a Urbanika | 59.1 millones de euros |
La jefa de urbanismo de Alicante prometió a Ortiz conseguir los terrenos para construir su Ikea
Retirada y Legado
El promotor Enrique Ortiz se retira definitivamente de la primera línea y cede el control de sus negocios a sus dos hijos mayores. Así lo confirman a este diario fuentes del Grupo Cívica, después de que el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicara este jueves el relevo del empresario como administrador único de tres de sus sociedades y su sustitución por Laura y Enrique Ortiz Carratalá, que ejercerán el control de estas compañías como administradores mancomunados de las mismas.
Un paso que, a lo largo de los próximos meses, se irá repitiendo en el conjunto de firmas propiedad del promotor, que en su mayoría se encuentran bajo el paraguas del Grupo Cívica y que abarcan desde la construcción de obras públicas a la gestión de aparcamientos, la limpieza de espacios públicos o las residencias para la tercera edad, entre otros muchos negocios.
El proceso responde, según las citadas fuentes, al deseo de «jubilarse» del empresario, que el pasado mes de enero cumplió 59 años y que lleva desde principios de los años ochenta al frente de la compañía que heredó de su padre. Sin embargo, las mismas fuentes reconocen que también ha influido en la decisión el importante desgaste que Ortiz acumula por las diferentes causas judiciales en las que se ha visto envuelto, por su supuesta participación en diversos casos de corrupción.
De momento, el empresario se ha librado de entrar en prisión -ha sido absuelto en dos ocasiones y su condena por el caso Gürtel fue de sólo 15 meses, tras pactar con la Fiscalía a cambio de confesar que había financiado ilegalmente al PP-, pero todavía tiene pendientes los juicios por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y por el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja.
Primeros Pasos del Relevo
Ortiz ya ha empezado a dar los pasos para que sean sus hijos quienes tomen las riendas del negocio. Las tres primeras firmas donde se ha ejecutado el relevo son Cívica Fomento Inmobiliario, Tizor Hormigones y Asfaltos, y Gestizor.
- Cívica Fomento Inmobiliario: Promotora dedicada a la construcción, venta y alquiler de viviendas, con una facturación de 8,5 millones en 2017 y beneficios de 3,3 millones.
- Tizor Hormigones y Asfaltos: Dedicada al suministro y colocación de pavimentos, hormigones y asfaltos, generó 6,7 millones de ingresos en 2017, con un beneficio de 125.965 euros.
Desde el grupo señalan que el relevo en la gestión no afectará al funcionamiento de los negocios que tiene el grupo y recuerdan que hace ya años que los hijos de Enrique Ortiz participan en la administración de las diversas compañías de la familia. Laura Ortiz Carratalá es abogada y licenciada en Administración y Dirección de Empresas, mientras que su hermano Enrique Ortiz Carratalá es arquitecto.
El Auge y Caída de un Imperio
El volumen de activos del Grupo Cívica pasó de 194 a 1.035 millones de euros entre 2003 y 2008, en una evolución más propia de una empresa tecnológica que de una firma de la economía tradicional.
La mayor parte de estos activos correspondían a los solares y terrenos que el grupo fue acumulando y que, con la llegada de la crisis, perdieron gran parte de su valor. Entre ellos, el suelo que compró para desarrollar el Plan Rabassa, donde debían construirse más de 13.000 viviendas, además de un parque comercial -Ikea incluido- que nunca llegó a ver la luz. En 2014, el activo del conglomerado ya había caído hasta los 398 millones.
El grupo salió de la burbuja con numerosas deudas que ha tenido que renegociar, incluyendo un enfrentamiento con el Sabadell por los terrenos del macroproyecto urbanístico en Alicante.
Aunque el grupo mantiene sus divisiones de obras públicas y construcción, en estos momentos son los servicios los que mejor le funcionan. Además de su participación en la concesionaria de la limpieza de la capital de la provincia, Cívica también tiene participaciones en empresas de limpieza de edificios, en la cadena de residencias para la tercera edad Gerocentros, o dispone de espacios comerciales para alquilar.
Así compraba Enrique Ortiz a la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo - laSexta Columna