El caso de explotación de menores en Murcia ha generado una gran controversia debido a la implicación de empresarios y las condenas impuestas.
Después de diez años de investigación, apenas han estado unos minutos sentados en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia para escuchar del tribunal las penas que se recogen en el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y que les libra de la cárcel al admitir el delito de abuso de menores y con la atenuante de la dilación indebida de un proceso que se ha alargado durante diez años. No entrarán en prisión los siete empresarios que mantuvieron relaciones sexuales con diez menores a través de una trama de explotación en Murcia destapada en 2015 por la denuncia de los padres de una de las jóvenes.
Estos empresarios -con edades entre 60 y 80 años y alto poder adquisitivo por su condición de constructores, abogados o médicos-, fueron detenidos junto a seis personas que captaban y organizaban la explotación de las menores y el proceso judicial se ha dilatado tanto que, además de haber fallecido otros dos detenidos, ha sido un elemento esencial junto a la confesión para rebajar las condenas.
En todo momento ellos fueron conocedores de la edad de las chicas, como han admitido, captadas de entornos vulnerables y con falta de recursos, y pagaban por los servicios entre 70 y 100 euros.
Entre los condenados destaca el constructor Juan Castejón, que era vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) en 2014 así como de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) y de la Cámara de Comercio de Cartagena. A él se le acusó de haber tenido sexo con cinco menores y la Fiscalía pedía cuatro años de prisión por cada uno de los delitos. Tras su confesión, el tribunal le ha impuesto una condena a cinco meses de prisión por cada uno de los cinco delitos y la obligación de indemnizar a sus víctimas con entre 500 y 2.000 euros. El resto de acusados tuvieron relaciones con una o dos menores y ninguno entrará en prisión.
La condena máxima ha sido para el supuesto cabecilla de la trama, Walter Giovanny D. M, que se enfrenta a dos años por cada uno de los seis delitos. Junto a él, otro hombre que actuaba de chófer de las niñas en sus encuentros con los clientes y cuatro mujeres, llamadas 'mamis', que se encargaban de captarlas y ofrecer sus servicios. Estas penas son sensiblemente inferiores a las que había solicitado la Fiscalía en 2015, cuando se abrió el caso, que eran de 7 años por cada uno de los delitos cometidos para las proxenetas, de 6 por cada delito para los cooperadores necesarios, y de 4 por cada delito para los clientes. Uno de los abogados de los acusados, José María Caballero, ha aclarado que esa conformidad alcanzada con la Fiscalía "está motivada por el muy largo periodo de tiempo de instrucción de la causa".
Así Actuaba la Trama
La trama comenzó en 2014, cuando las cuatro mujeres comenzaron a captar a menores a la salida de discotecas e incluso de centros escolares. Buscaban un perfil concreto: familias desestructuras y con falta de recursos, lo que las convertía en vulnerables.
Una vez ganada su confianza con la posibilidad de ganar dinero, les pedían fotos sensuales y provocativas que incorporaban al dossier que enviaban a sus clientes, "señores a los que les gustaban las jovencitas". En todos los casos, ellos eran conocedores de que se trataba de menores de edad. De hecho, según el relato del Fiscal en su escrito de acusación, las 'mamis' inducían a las chicas a mentir sobre su edad rebajándola aún más, porque eso alimentaba el morbo de los clientes.
No era fácil para la trama encontrar chicas para ofrecer a unos clientes que les reclamaban novedades. Algunas de ellas huían ante el "asco y el miedo" que le provocaban los encuentros, a los que iban acompañadas por un chófer y una de las 'mamis', encargada de los cobros. La voz de alarma la dio la familia de una menor en agosto de 2014 denunciando la desaparición de su hija.
Después de saber este miércoles que en Murcia 13 acusados de crear una red de prostitución de menores habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para eludir la cárcel, el fiscal superior de esa región, José Luis Díaz Manzanera, ha anunciado que está estudiando la posibilidad de que puedan ingresar en prisión "algunos o todos" ellos. Cabe destacar que, de esos 13 acusados, siete eran empresarios de la Región de Murcia que reconocieron que pagaron a cambio de mantener sexo con menores de edad, pero evitarán la condena de cuatro años de cárcel tras pactar con la Fiscalía una pena de cinco meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos. En la causa figuraban otros seis acusados que pertenecían a la red de captación y prostitución, que también pactaron con la Fiscalía para evitar la cárcel.
Díaz Manzanera ha admitido la posibilidad de convocar la Junta de Fiscales para tomar la decisión de penar con cárcel a los responsables de esta red de prostitución de menores, en declaraciones concedidas a Onda Regional.
El fiscal ha puntualizado que, debido precisamente el "retraso" que acumula la Justicia, sucede de forma "reiterada" la aplicación de lo que se conoce como "atenuante de dilaciones indebidas" que puede conllevar la rebaja de la pena en uno o en dos grados en función de la demora del procedimiento y de otras circunstancias. De hecho, ha señalado que esto es lo que ha sucedido en este caso. En relación con este proceso, el profesional ha abierto la puerta a la posibilidad de que ingresen en prisión "algunos o todos los condenados" y ha recordado que es un asunto que, precisamente, se encarga de estudiar la Junta de Fiscalía.
"Tengo intención de convocar una Junta de Fiscalía, ya veremos a ver en qué términos y a qué fiscales, para poder debatir esta cuestión", ha afirmado Díaz Manzanera. A su vez, ha comunicado que su propósito es que el Ministerio Público "tenga una opinión común y clara al respecto de si procede o no procede el ingreso en prisión y respecto de quién".
También, ha anunciado que la Fiscalía General está trabajando en una circular en la que se va a tratar la protección de las víctimas y, dentro de esta medida, el fiscal espera que se trate también "algunas directrices de carácter general de obligado cumplimiento para todos los fiscales en los casos de conformidades como el que se ha producido en el presente caso".
En este sentido, ha advertido que la redacción de un documento de estas características, que es vinculante para todos los fiscales de España con base en el principio de unidad de actuación en el que se rigen, "tiene su complejidad y sus matices".
"Imagino que no es un documento fácil de redactar, pero estoy convencido de que el Fiscal General va a dar un impulso final a esta instrucción para que podamos tener unas directrices más claras al respecto", ha expresado Díaz Manzanera.
En concreto, el Fiscal Superior de la Región espera que esta circular establezca unas normas más claras "no solamente para las conformidades", sino también para la posibilidad de que los fiscales se opongan o no al cumplimiento de la pena, en este caso privativo de libertad.
Por otro lado, el profesional ha señalado que el índice de conformidades en la Región de Murcia y a nivel nacional "es muy grande", lo que "también está esto relacionado con que la inmensa mayoría de esas conformidades se están produciendo en los juicios rápidos que se están celebrando en los propios juzgados de instrucción, en los servicios de guardia".
"Porque hay muchísimos delitos, fundamentalmente, delitos contra la seguridad vial, básicamente, que normalmente se resuelven vía pacto y vía conformidad", ha informado Díaz Manzanera. Sin embargo, ha puntualizado que en la "inmensa mayoría" de estos casos "no se aplica la atenuante por dilaciones indebidas".
Así, ha señalado que la atenuante por dilaciones indebidas "se aplica en casos en los que el procedimiento se retrasa demasiado en el tiempo", algo que "por desgracia está pasando mucho". "Y eso está relacionado también directamente con que, obviamente, la justicia tiene que mejorar, y la mejor manera de que esto suceda es dotándola de medios, fundamentalmente de medios personales".
El objetivo es "evitar que esas respuestas que se están dando por parte de la justicia sean, en numerosos casos, demasiado tardía". De los 13 acusados de una red de prostitución de menores en Murcia, solo tres entrarán en prisión, y lo harán con condenas mínimas debido a que la justicia ha tardado diez años en sentarlos en el banquillo. Un total de 11 adolescentes menores de edad fueron prostituidas, captadas por una trama que, a través de engaños, las ofreció a unos clientes que demandaban adolescentes para mantener relaciones sexuales. Entre los clientes hay empresarios reconocidos en Murcia, abogados de un prestigioso bufete y hasta un guardia civil.
Hablamos con Elisa M. Almagro, periodista de elDiario.es en la Región de Murcia, para conocer los detalles de esta trama y el recorrido judicial que ha terminado en una práctica impunidad para los clientes de esta trama de prostitución de menores.
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Su capacidad de respuesta formativa ante las nuevas demandas sigue siendo inmediata, configurando nuevos estudios para responder a los retos medioambientales, como técnico en energías renovables, en gestión del agua, o técnico superior en eficiencia energética; respondiendo a nuevas tendencias en la industria alimentaria con ciclos como técnico en aceites de oliva y vinos; o incorporando profesionales formados para responder a nuevas necesidades como técnico en termalismo y bienestar. Sin embargo, la falta de referentes sigue siendo el gran reto para superar.
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Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional, han detenido en la Región de Murcia a un empresario por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales y a sus dos colaboradores como presuntos autores del delito de cohecho internacional. Entre 2017 y 2023 el principal investigado habría recibido casi siete millones de euros mediante transferencias en sus cuentas bancarias procedentes de empresas controladas desde Guinea Ecuatorial. El pasado 23 de octubre se llevó a cabo la fase operativa, practicándose tres detenciones y el registro de dos viviendas en la Región de Murcia, en los que se intervino 28.500 euros, 500 gramos en lingotes de oro por valor de unos 42.000 euros en el mercado, dos vehículos valorados en 103.000 euros, varios dispositivos electrónicos y documentación variada.