El proyecto Startup Island, liderado por Carlos de Ory, prometía revolucionar el mercado de la vivienda, ofreciendo casas desde diez mil euros en Indonesia, específicamente en Karimunjawa, conocida como las "Maldivas de Indonesia".
Karimunjawa, el archipiélago donde se planeó Startup Island.
Con un atractivo diseño que incluía pistas de pádel, mobiliario balinés y vistas al mar, el proyecto apuntaba a democratizar el acceso a la vivienda, permitiendo a los inversores pagar sus casas en tan solo dos años. Sin embargo, la realidad ha sido diferente para muchos de los inversores, quienes ahora se enfrentan a la incertidumbre y a acusaciones de estafa.
El Ascenso y la Caída de un Sueño
Carlos de Ory, mencionado en la revista Forbes como una de las “100 personas más creativas de los negocios”, construyó una imagen de solvencia y éxito empresarial a través de viajes a Japón, Taipei, París, Londres, Doha, Málaga y Ámsterdam. Este emprendedor español, que abandonó sus estudios de Derecho, prometió levantar 52 empresas en 52 semanas y desarrollar Eco Beach City, la "primera ciudad verde del mundo".
En abril de 2022, el Gobierno de Indonesia suspendió el proyecto inicial, The StartUp Island, destinado a cientos de nómadas digitales. Un año después, en el verano de 2023, desaparecieron los comerciales, los de marketing y los de contabilidad.
La creatividad y la innovación son cruciales para el éxito empresarial.
Dudas y Señalamientos
Las dudas sobre la viabilidad y legalidad del proyecto comenzaron a surgir cuando se cuestionó la falta de planos firmados por un arquitecto, la ausencia de un proyecto energético e informes de ingenieros, y la falta de permisos de construcción y licencias. Además, no existen escrituras notariales, inscripciones en el Registro de la Propiedad ni división del terreno en parcelas.
En la documentación contable no consta la adquisición de activos significativos asociados al proyecto, como terrenos, edificaciones o maquinaria ni cualquier activo que apunte a la supuesta construcción de una gran ciudad en la que iba a haber beach clubs, gimnasio, pistas deportivas, una clínica, un helipuerto e incluso una universidad, según anunció el emprendedor.
La documentación obtenida por elDiario.es, aportada en una de las querellas, la compartía el propio De Ory en privado a potenciales inversores interesados en adquirir la totalidad del proyecto de construcción. Los papeles muestran el historial completo de ingresos efectuado por los inversores, su identidad, todas las entradas y salidas de dinero registradas por cada sociedad así como la situación económica (pérdidas y ganancias) que cada una de las empresas tiene registrada internamente.
En la documentación se aprecian salidas de hasta 1,1 millones de euros en concepto “Business Consulting”, sin constar la empresa a la que se le hace ese pago, 102.000 euros a un “consultant”, “Bank fees” por más de 200.000 euros o los mencionados 6,4 millones pagados en concepto de “shareholder” o “loan shareholder”, como si se pagaran dividendos.
La documentación contable analizada incluye diversos apuntes cuya naturaleza no queda claramente especificada, entre ellos registros identificados como créditos procedentes de una entidad en Dubai y ajustes contables bajo las denominaciones “Adjustment”, “Adj” o “Adjustment Uncategorized Transaction” cuya suma asciende a aproximadamente 10 millones de euros.
Testimonios y Críticas
Algunos de los empleados o colaboradores de De Ory han empezado a publicar su testimonio en redes sociales. “Desde dentro todos los del equipo sabíamos al 100% que [el proyecto] no iba a estar en 2025”, asegura Olalla. Esta antigua colaboradora apunta en el vídeo que todo el dinero que pagaban los inversores para construir sus viviendas se dedicaba a intentar captar más clientes. Si bien Olalla apunta a que cree que no hubo “mala fe” por parte de De Ory, considera que el proyecto solo podría salir adelante si se apartara al emprendedor español.
Casi todos los entrevistados reprochan a Eco Beach City la “falta de transparencia” y las “dificultades para comunicarse” cuando han querido recuperar el dinero.
Decenas de inversores han dicho basta. Un primer grupo de 20 clientes, cuya inversión supera los 340.000 euros, lograron recientemente un pacto, sujeto a confidencialidad, para recuperar su dinero tras contratar a un abogado y amenazar al emprendedor y a su empresa con acciones legales.
“El estado de abandono del proyecto, la inexistencia de un desarrollo real, la negativa a devolver el dinero y la falta de transparencia nos lleva a concluir que podríamos estar ante un delito grave de estafa, con penas de hasta ocho años de prisión”, apunta Javier Ruiz Blay, abogado que representa a este último grupo. Ruiz Blay cree que De Ory impuso “contratos abusivos” que dejan al comprador “desprotegido” al exigir “pagos sin garantías”.
La ilusión de miles de clientes se ha convertido en desespero. Desde hace al menos un año, la posibilidad de acudir a la Justicia ha sobrevolado entre los inversores.
Aspectos Legales y Jurisdicción
En el año 2024, Carlos de Ory, solicitó cantidades de dinero para iniciar la construcción de las residencias. No hay dudas de que un Tribunal español es competente, puesto que el delito de estafa se entiende cometido en cualquier lugar en el que se haya producido uno de los elementos del delito (el engaño o la disposición patrimonial). Esto, se apoya en lo que se conoce como la Teoría de la ubicuidad, aplicada tanto en el Derecho nacional como en el Derecho penal internacional a la hora de decidir qué país es competente para enjuiciar unos hechos.
Pues bien, el art. 65.1.c L.O.P.J. La Sala 2ª del Tribunal Supremo ha dictado múltiples Autos en los que ha fijado un umbral orientativo de siete millones de euros para apreciar grave repercusión en la economía nacional (AATS 15/05/2009, 24/01/2012), sin excluir que otros factores (complejidad, entramado transnacional, necesidad de auxilio internacional) puedan servir para apreciar la competencia de la Audiencia Nacional aun con cuantías inferiores; y alternativamente, ha perfilado el requisito de generalidad de personas como pluralidad importante dispersa por varias Audiencias, con criterio finalístico (Pleno no jurisd.
Ahora imaginemos un Juzgado de instrucción de cualquier partido judicial, con mil potenciales querellantes, diligencias a practicar en países dentro y fuera de la Unión europea, o que los querellantes deciden denunciar cada uno en el Juzgado de su domicilio. Es la opinión extraprocesal de algunos Jueces de instrucción y Fiscales en la que es mejor desistir en vez de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.
En cualquier caso, estamos en este camino arduo que requiere organizar bien múltiples elementos facticos y tener clara la línea jurídica. La labor de un Despacho de abogados, ante la nueva filosofía de autorregulación, se está convirtiendo en llevar a cabo una investigación que no le corresponde. A preguntar, a llamar, a escuchar, pensar, volver a preguntar, revisar cada papel, y entender.
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Emprender en las Islas Baleares: Ventajas y desventajas.
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| Ventajas | Desventajas |
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Este ejemplo subraya que toda la financiación del mundo no garantiza el éxito. Es crucial tener un plan de negocios bien definido y una gestión eficaz.