Detención de Empresario Sevillano Destapa Casos de Corrupción y Fraude

La reciente detención de un empresario sevillano ha desatado una serie de investigaciones sobre posibles delitos económicos y urbanísticos en la región. Este caso se suma a otros incidentes que involucran a empresarios sevillanos y su relación con la justicia.

El Caso Pineda: Del Narcotráfico a la Corrupción Urbanística

Todo comenzó con una operación contra el blanqueo de capitales por narcotráfico, para la que el juez de turno autorizó unos pinchazos telefónicos en los que un día apareció un personaje inesperado. Tras la intermediación de un conocido, una de las personas objeto de investigación en el municipio sevillano de Gines hablaba con Rafael Pineda, por entonces jefe de gabinete del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (PSOE). La historia no tenía nada que ver con drogas, sino que le pedía su mediación para regularizar la situación de uno de sus trabajadores, una persona inmigrante, y que le echara una mano para agilizar la licencia de su restaurante.

Meses después, el pasado martes, Pineda era detenido por su presunta implicación en una operación urbanística irregular, por la que se investigan posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares. El epicentro está en una parcela de uso terciario propiedad de Emvisesa, la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, que salió a la venta en 2011, el concurso quedó desierto y años después se sacó en arrendamiento, adquiriéndola en 2017 (con el socialista Juan Espadas como alcalde) Olga P., esposa de Pineda.

Fue la única que presentó una oferta en una operación en la que contó con dos socios, uno de ellos directivo de Burguer King en Andalucía. Precisamente, en el terreno se instaló un local de esta cadena (junto a una gasolinera y luego otro restaurante), que pagaba por ello un alquiler pero que curiosamente no optó a comprar el solar cuando salió a la venta de manera definitiva en 2024, ya con José Luis Sanz (PP) como regidor.

Para ello abonó 1,7 millones de euros, pero obtuvo una plusvalía fulminante: cinco meses después, la vendía por 3,9 millones de euros -con un beneficio de 2,2 millones- y el que compraba el solar era... Burguer King. Los beneficios se repartieron entre los socios, pero la Guardia Civil ha puesto el foco en que también recibió un pago de 78.650 euros un empleado de Emvisesa, Daniel M.L., que en ese momento era jefe de Sección de Terciarios.

Rafael Pineda (Sevilla, 1973) no es ningún desconocido de la vida política sevillana. Entró en el Ayuntamiento de Sevilla en 2003 con Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) como alcalde, y lo hizo de la mano del actual vicepresidente primero del Congreso, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, uno de los nombres clave entonces del gobierno local. Había ido en la lista socialista en las elecciones municipales de ese año, pero no logró acta de concejal hasta 2005, tras la renuncia de un compañero de filas.

Fue el propio Gómez de Celis el que lo nombró su jefe de gabinete cuando, en 2018, tomó posesión como delegado del Gobierno en Andalucía. Celis duró en el puesto menos de un año para poner rumbo a Madrid, pero Pineda se mantuvo en su cargo con sus sucesores, incluido el actual, Pedro Fernández, que aterrizó en 2021.

¿Y cómo se pasó de una investigación por narcotráfico a otra por irregularidades urbanísticas? Pues porque se separó una pieza (que lleva el Juzgado de Instrucción Nº 10 de Sevilla) después de que la UCO considerara que Pineda hacía gestiones para terceros ante distintas administraciones públicas a cambio de prestaciones.

Por cierto, que el alcalde de este municipio, el socialista Romualdo Garrido, no ha sido detenido pero está también imputado por prevaricación y cohecho, en teoría por presionar para acelerar la licencia de este establecimiento. El regidor, que ya ha testificado ante la Guardia Civil acogiéndose a su derecho a no declarar, se defiende insistiendo en que ni ha dado trato de favor ni ha recibido contraprestaciones de nadie.

Pero volvamos al epicentro de esta historia, que tiene su corazón en una parcela municipal de uso terciario propiedad de Emvisesa en El Higuerón, en la zona norte de Sevilla. Tras un intento fallido de venta en 2011, en 2016 se opta por la figura del arrendamiento, adjudicándose a Olga P., esposa de Rafael Pineda.

Fue en 2022 (con el socialista Antonio Muñoz como alcalde, tras la renuncia de Espadas para liderar el PSOE andaluz) cuando el gobierno local decidió la enajenación mediante permuta de la parcela para así tener más suelo disponible para viviendas. Olga P., que hasta entonces pagaba 108.000 euros más IVA de renta anual según un contrato con vigencia durante 40 años, no se presentó al concurso que sacó a la venta el terreno por unos dos millones de euros.

Dos años después, ya con el PP en el gobierno municipal, se puso de nuevo a la venta por un precio sensiblemente menor (1,7 millones) y esta vez sí se presentó Olga P., que se llevó el gato al agua al ser la única oferta. ¿Por qué redujo el PP el precio de salida en 2024? El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, alega que el hecho de que hubiera inquilinos devaluaba las opciones, de ahí que se fijase un precio de 1,7 millones de euros tras hacer un estudio de tasación.

Para los populares, el pecado original está en el contrato de arrendamiento de 2017 con el PSOE, que ahora les habría atado las manos. El grupo municipal socialista, por su parte, insiste en que está muy tranquilo con este caso. Además de recordar que la Empresa Municipal de la Vivienda “es la principal perjudicada”, y de hecho está personada en la causa (como el propio Rafael Pineda, por cierto), De la Rosa ha anunciado una auditoría de “todas las operaciones comerciales de Emvisesa de suelo de los últimos ocho años”.

De paso, señala que se despidió al jefe implicado “por el presunto cobro de la comisión”, para lo que se abrió una investigación interna en la que “no pudo justificar los hechos”. Si la historia es de por sí enrevesada, todavía puede dar una vuelta de tuerca más porque este empleado de Emvisesa, Daniel M.L. ha pedido la imputación del propio De la Rosa y también del primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Juan Bueno, porque forman parte de la comisión ejecutiva de Emvisesa que validó la venta del solar.

Para la defensa de Pineda, su arresto fue innecesario y considera que su cliente ha sido objeto de una investigación prospectiva tras aparecer en los pinchazos telefónicos por cuestiones que nada tenían que ver con el narcotráfico. El exconcejal, su esposa, los dos socios de ésta y el exjefe de Emvisesa fueron detenidos el martes y, tras acogerse a su derecho a no declarar, fueron puestos en libertad un día después afrontando los cargos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares.

Lo cierto es que lo que en Sevilla ya se ha bautizado como 'caso Pineda' parece que va para largo.

Según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación, el alcalde de Gines fue citado ayer a declarar como investigado en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Montequinto, donde los agentes de la UCO le atribuyeron presuntamente delitos de prevaricación y cohecho, relacionados con la concesión de la licencia para el restaurante Green House, propiedad del empresario David R. Tanto Romualdo Garrido como David R. M.

Esta variante del caso surge a raíz de un informe que la UCO remitió a la juez en septiembre del año pasado, en el que daba cuenta de las pesquisas realizadas en torno a los tres expedientes administrativos abiertos en el Ayuntamiento de Gines relacionados con la actividad del Green House. En el informe policial, los agentes concluyen que tanto Pineda como Romualdo Garrido "habrían recibido supuestamente" del empresario dueño del Green House, David R.

La UCO señala igualmente que a cambio de las gestiones realizadas presuntamente por el regidor ginense, Rafael Pineda "se habría comprometido a realizar gestiones" relacionadas con el proceso judicial en el que figura como investigado Romualdo Garrido por las presuntas irregularidades relacionadas con la celebración del evento de 'La Pará' de Gines. La Guardia Civil concluye que no tiene constancia "por el momento" de que esas gestiones "se hayan realizado ni hayan surtido efecto".

Detención de Empresario en Arahal por Fraude Fiscal

La Policía Nacional ha detenido en Arahal (Sevilla) al empresario investigado en 2024 como presunto colaborador en la causa que se sigue contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios en sus operativas con Quirón Prevención SL.

Según ha adelantado el digital El Pespunte y han confirmado EFE de fuentes de la investigación, el investigado, D.H.L., está reclamado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y ha sido detenido en su propia casa por una patrulla de paisano para cumplir con una orden de ingreso en prisión, para ser conducido de inmediato a Madrid para prestar declaración este miércoles en San Fernando de Henares.

Estaría relacionado con un caso investigado por la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, que el pasado 27 de junio dictó un auto en el que encargaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil las gestiones necesarias para determinar si el producto de varias actividades presuntamente delictivas "se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito”.

Se refería al incremento de ingresos obtenido por la empresa de González Amador -Maxwell Cremona- en 2020 y 2021 por la intermediación en una operación de venta de material sanitario y por la percepción de "cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente".

Quirón Prevención SL, ya en 2020 obtuvo 1,9 millones por la intermediación en la venta de material sanitario por parte de FCE Select Products a Mape Asesores -empresa de cuyo Consejo de Administración es miembro el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino-.

En marzo de 2024 se dio a conocer que la investigación podía llegar a un empresario de la localidad sevillana, el ahora detenido aseguró que solo presentó tres facturas "completamente legales", que "no eran falsas" y ascendían a unos 40.000 euros en total.

“Son de trabajos reales y puedo probarlo”, decía el propietario de una gestoría, que indicaba también los otros dos vecinos del mismo municipio señalados en el mismo asunto no tienen nada que ver con él”.

Sí admitió que realizó una serie de trabajos en el hospital Quirón de Sevilla, para Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, una de las sociedades investigadas propiedad de González Amador, y concluyó con que hizo “tres facturas por unos 40.000 euros, cuyo IVA fue de unos 8.000. Uno de los investigados en la trama de facturas falsas de Alberto González Amador ha sido detenido este martes en Arahal, en la provincia de Sevilla, en el marco de otra causa abierta en la Audiencia Nacional distinta a la que mantiene procesado a la pareja de Ayuso.

Poco antes de las 12.00 del mediodía, agentes de paisano de la Policía Nacional se han personado en su vivienda de la localidad sevillana por orden de la Sala de lo Penal del tribunal especializado, que lo reclama para que comparezca este miércoles en un juicio, han informado a SevillaelDiario.es fuentes jurídicas.

La detención, adelantada por El Pespunte, ha precedido a su traslado a dependencias policiales y, posteriormente, a Madrid. Los agentes le trasladarán este miércoles a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde se celebrará el juicio. El tribunal ha ordenado la detenención de D. H. L porque no se había presentado en tres convocatorias anteriores, han añadido las fuentes consultadas.

D. H. L es uno de los tres vecinos de Arahal que serán juzgados junto a Alberto González Amador y el mexicano Gonzalo Niederer por la trama de facturas falsas destinada a que la pareja de Isabel Díaz Ayuso defraudara más de 350.000 euros en dos ejercicios. El detenido este martes prestó presuntamente sociedades sin actividad, sede real ni empleados para facturar servicios de la empresa principal de González Amador que esta nunca había prestado. El objetivo era presentar esas facturas a Hacienda para desgravarse.

D. H. L vive en la actualidad de una pensión por incapacidad, relacionada con una enfermedad que le afecta a la vista. El investigado siempre ha defendido su inocencia y que los trabajos se realizaron realmente. “Son de trabajos reales y puedo probarlo”, decía, mientras admitía que realizó una serie de trabajos en el hospital Quirón de Sevilla, para Maxwell Cremona, la sociedad de González Amador.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden un año de cárcel para D. H. L y los otros dos procesados de Arahal. Las mismas acusaciones solicitan tres años de cárcel para González Amador en esta causa. La pareja de Ayuso está investigado además por corrupción en los negocios y administración desleal en una pieza separada, en la que no son investigados los vecinos de Arahal.

La Policía Nacional detuvo este martes en el municipio sevillano de Arahal al empresario D.H.L, en cumplimiento de una orden judicial dictada en el marco de una investigación que instruye la Audiencia Nacional. El motivo concreto por el que se le investiga en esta causa no ha sido aclarado por las fuentes consultadas.

La detención se produjo después de que el empresario fuera citado anteriormente para comparecer en sede judicial sin que se presentara. Su letrado ha señalado que su defendido no se encontraba en condiciones de acudir a dichas citaciones por motivos de salud.

D.H.L es propietario de una gestoría en Arahal y ha llegado a administrar numerosas sociedades en los últimos años. Su nombre ya apareció en marzo de 2024 en el marco de la investigación judicial abierta en Madrid contra González Amador por un presunto fraude fiscal.

Se refería al incremento de ingresos obtenido por la empresa de González Amador -Maxwell Cremona- en 2020 y 2021 por la intermediación en una operación de venta de material sanitario y por la percepción de "cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente". Sí admitió que realizó una serie de trabajos en el hospital Quirón de Sevilla, para Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, una de las sociedades investigadas propiedad de González Amador, y concluyó con que hizo "tres facturas por unos 40.000 euros, cuyo IVA fue de unos 8.000. Esto no es una trama de millones de euros".

La Audiencia Nacional juzga este miércoles a David Herrera Lobato, empresario de Arahal vinculado con Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por supuesta estafa y falsedad en documento mercantil en relación con fondos europeos. La Fiscalía Europea pide tres años de cárcel para Herrera, a quien también solicita el reintegro a la Comisión Europea de 69.751,40 euros. La Fiscalía sostiene que «un ligero cambio en la dirección de correo electrónico pasó desapercibido».

Operación "Espiga": Desmantelamiento de Red de Blanqueo de Capitales

En Sevilla, la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de redes de narcotráfico mediante empresas fantasma.

En la operación 'Espiga', se han detenido a 22 personas, entre ellas un empresario y dos abogados sevillanos, considerados los líderes de este grupo que habría blanqueado alrededor de 11 millones de euros.

Se han realizado 14 entradas y registros en domicilios y oficinas principalmente en la provincia de Sevilla, donde se han intervenido 257.000 euros en efectivo, joyas, artículos de lujo, 12 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación sobre los entramados empresariales investigados.

Durante la operación, se han bloqueado judicialmente 415 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros y la anotación preventiva de 20 inmuebles con un valor cercano a los 3,2 millones de euros.

La investigación ha acreditado que la organización utilizaba complejos entramados societarios para ocultar el origen ilícito de los fondos y facilitar su integración en el circuito legal, combinando sociedades instrumentales y negocios reales con empresas sin actividad comercial real y comercios de ocio con mucha actividad.

Entre los establecimientos utilizados destaca un conocido restaurante y lugar de copas, así como un establecimiento de venta de alimentación en el Aljarafe sevillano, donde canalizaban grandes sumas de dinero.

Esquema del Blanqueo de Capitales

Créditos ICO y Testaferros

La organización también habría obtenido dinero del circuito legal monetario con financiaciones fraudulentas, utilizando empresas investigadas con las que realizaban peticiones de financiación a distintos bancos, como los créditos ICO. Posteriormente, dejaban estas empresas con deudas a nombre de testaferros que se enfrentarían a los saldos pendientes.

La red ofrecía sus servicios a potentes organizaciones de narcotráfico asentadas en el sur de España, blanqueando los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.

Los detenidos se enfrentan a cargos por blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La operación ha sido llevada a cabo por el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de la Zona de Andalucía y la UOPJ de Sevilla, con el apoyo del Grupo de Acción Rápida, y ha contado con la colaboración de Europol para identificar y rastrear los movimientos de dinero a través de diversos países.

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Otros Casos de Empresarios Sevillanos y la Justicia

La Audiencia de Sevilla ha impuesto dos años de cárcel, multas superiores a los 300.000 euros y la obligación de indemnizar a la Seguridad Social con 254.000 euros a dos empresarios de Sevilla que no pagaron al Estado los seguros sociales de los trabajadores que contrataban para un restaurante que gestionaban en el barrio del Porvenir.

Los hechos, juzgados el martes por la Sección Cuarta, ocurrieron entre 2015 y 2019. Juan Antonio V.M. y Antonio Manuel M.M. eran los administradores únicos de Capafrey Sevilla, Prendis Solutions y Paresanmo. El “centro de negocio” de las tres era un negocio de hostelería en la calle Felipe II. “Con la finalidad de realizar la explotación” de ese establecimiento “sin pagar los seguros sociales de los trabajadores”, los encausados los contrataban “bien simultáneamente en más de una empresa bien mediante la baja de un trabajador en una y el alta sucesiva en otra”.

Gracias a esa operativa, los empresarios “fueron generando deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social” por importes que se correspondían con tres conceptos: deuda vigente de responsabilidad, deuda vigente no responsabilidad y crédito incobrable.

Justo ahora que los hidrocarburos se han puesto de moda por la implicación del famoso Víctor Aldama en un escándalo vinculado a ese sector, la Audiencia de Sevilla acaba de condenar a casi dos años de cárcel a un empresario que gracias a la venta de carburantes consiguió una vida “de lujo” para él y su familia. Sin embargo, nada era legal.

El hombre, que en 2009 llegó a presentarse como nuevo dueño del Levante UD y que también está siendo juzgado por una estafa relacionada con las Minas de Riotinto, tuvo a bien no declarar el IVA durante tres años y cosechó así unos beneficios que rondaron los diez millones de euros.

José Francisco R.F., un empresario gallego afincado en Sevilla, aceptó un año y medio de cárcel y multas de 2.769.623 y 4.048.522 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública, así como cinco meses y 29 días de prisión y otra multa de 3 millones por blanqueo de capitales, en ambos casos con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

En la sentencia, que es firme, la Sección Tercera relata que José Francisco R.F. El acusado vendía combustible a través de Energes “de espaldas a todo control de la Inspección de Tributos” y así “se apropió de las importantes cuotas de IVA que repercutía en las ventas a gasolineras y otros clientes que no declaraba ni ingresaba”.

Entre 2010 y 2012 “no declaró ni ingresó el citado IVA”, pero como sus proveedores y clientes minoristas (las gasolineras) sí cumplieron con sus obligaciones tributarias, Hacienda calculó que las cuotas impagadas “podían superar los 4 millones de euros” por ejercicio.

Fue entonces cuando la Unidad de Vigilancia Aduanera empezó a investigarlo y comprobó “la naturaleza ficticia de los domicilios sociales” de sus empresas. Esa “carencia de datos fiscales y administrativos” se extendía a José Francisco R.F. y sus familiares “a pesar de ostentar un elevado nivel de vida”.

Los investigadores hallaron miles de facturas y de ellas concluyeron que Energes causó un perjuicio a Hacienda de 3.960.496 euros en 2010, 5.783.603 en 2011 y 2.895.249 en 2012. José Francisco R.F. se apropió de todo.

Según la Audiencia, los 9,7 millones que defraudó “constituían la casi totalidad de los ingresos de José Francisco R.F., sus sociedades y su familia”. De hecho, “al no realizar otra actividad productiva”, el empresario sólo declaró 36.576 euros entre 2003 y 2008 y de 2009 a 2012 directamente “no declaró ingreso alguno”.

José Francisco R.F. introdujo el IVA no declarado en “el circuito financiero legal” (es decir, que lo blanqueó) de múltiples formas.