La Audiencia Provincial de Murcia ha generado controversia al revisar las condenas impuestas a un grupo de empresarios involucrados en una red de explotación sexual de menores que operaba en Murcia hace una década. Inicialmente, se les había impuesto una condena que evitaba su ingreso en prisión, y tras la revisión, esta decisión se ha mantenido, generando indignación y protestas.
Palacio de Justicia de Murcia, lugar donde se revisaron las condenas.
El Caso: Captación de Menores y Red de Explotación
Las víctimas, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, eran captadas en colegios y discotecas. La trama, que comenzó en 2014, se centraba en jóvenes de entornos vulnerables y con falta de recursos. Las 'mamis' contactaban con los clientes, quienes eran conocedores de la edad de las chicas.
Una vez ganada su confianza con la posibilidad de ganar dinero, les pedían fotos sensuales y provocativas que incorporaban al dossier que enviaban a sus clientes, "señores a los que les gustaban las jovencitas". En todos los casos, ellos eran conocedores de que se trataba de menores de edad.
La voz de alarma la dio la familia de una menor en agosto de 2014 denunciando la desaparición de su hija.
Los Condenados: Perfiles y Sentencias
Entre los condenados se encuentran empresarios con edades entre 60 y 80 años, con alto poder adquisitivo, incluyendo constructores, abogados y médicos. Entre los condenados destaca el constructor Juan Castejón, que era vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) en 2014 así como de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) y de la Cámara de Comercio de Cartagena. A él se le acusó de haber tenido sexo con cinco menores y la Fiscalía pedía cuatro años de prisión por cada uno de los delitos.
Tras su confesión, el tribunal le ha impuesto una condena a cinco meses de prisión por cada uno de los cinco delitos y la obligación de indemnizar a sus víctimas con entre 500 y 2.000 euros. El resto de acusados tuvieron relaciones con una o dos menores y ninguno entrará en prisión.
La condena máxima ha sido para el supuesto cabecilla de la trama, Walter Giovanny D. M, que se enfrenta a dos años por cada uno de los seis delitos. Junto a él, otro hombre que actuaba de chófer de las niñas en sus encuentros con los clientes y cuatro mujeres, llamadas 'mamis', que se encargaban de captarlas y ofrecer sus servicios.
En todo momento ellos fueron conocedores de la edad de las chicas, como han admitido, captadas de entornos vulnerables y con falta de recursos, y pagaban por los servicios entre 70 y 100 euros.
La Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ordena la inmediata entrada en prisión de Ruth D.T., Nelly C.P. y Walter D.M. por pertenecer y participar en la red de prostitución de menores desmantelada en 2014, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).
Aunque la suma aritmética de las penas impuestas ascendía a 16 años de cárcel en el caso de Ruth (por ocho delitos de prostitución de menores en su modalidad agravada) y de 12 años en el caso de Nelly y Walter (por seis delitos), la Sala aplica previamente el límite del artículo 76 del Código Penal.
Este límite establece que el máximo de cumplimiento no podrá exceder el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave (en estos casos el triple de dos años) y declara extinguidas el resto de las penas de prisión impuestas.
Los tres condenados tendrán que pagar las multas impuestas de 4.300, 3.240 y 4.320 euros, respectivamente, y cumplir la medida de libertad vigilada durante cinco años. Además, tendrán que indemnizar a las víctimas con una cantidad que asciende a 17.000 euros. Dos de ellos ya han abonado su parte y falta Ruth D.T. que está obligada a pagar 8.000 euros.
Tabla Resumen de Condenas y Decisiones
| Condenado | Delitos | Pena Inicial | Decisión Final | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Juan Castejón | 5 delitos de prostitución de menores | 4 años de prisión por delito | 5 meses de prisión por delito | Obligación de indemnizar a las víctimas |
| Walter Giovanny D. M | 6 delitos | 2 años por delito | No especificado | Supuesto cabecilla de la trama |
| J.C.A. | 5 delitos de prostitución de menores | 25 meses de cárcel | Suspensión provisional | Fiscal recurrirá la suspensión |
| R.D.T. (Mami) | No especificado | 1 año y 3 meses de cárcel | Suspensión | Fiscal recurrirá la suspensión |
| J.A.A.L. | Delito de prostitución de menores | 6 meses de cárcel | Suspensión firme | Cumplir requisitos |
| A.G.P. | Delitos de prostitución de menores | 10 meses de prisión | Suspensión firme | Cumplir requisitos |
| J.J.A. | Delito de prostitución de menores | 6 meses de cárcel | Suspensión firme | Cumplir requisitos |
El Tribunal les ha negado el beneficio de la suspensión de las penas de prisión que pedían sus defensas, al entender que no cumple con los requisitos exigidos en el art. 80.3 del Código Penal.
"La especial naturaleza y gravedad de los hechos que dan lugar a los delitos aquí cometidos, la reiteración de conductas prolongadas en el tiempo y el número tan alto de víctimas, apuntan a un pronóstico claramente negativo de reiteración delictiva", ha explicado la Sala.
A su vez, ha expresado que dejar sin sanción a estos tres condenados "se traduciría en un estímulo para la comisión de delitos de naturaleza igual o similar a aquellos cuya pena se trata de suspender " y, como consecuencia, "el quiebre total de los fines de prevención que tienen las penas".
Todos ellos reconocieron haber buscado a las chicas, a sabiendas de su minoría de edad, para proponerles contactar con personas adultas. Normalmente, se trataba de hombres, algunos de avanzada edad y buena situación económica, a fin de que tuvieran contactos sexuales con ellos a cambio de dinero.
Reacciones y Críticas a la Sentencia
La decisión de no encarcelar a los empresarios ha provocado fuertes reacciones. "Esta gente se merece pudrirse en la cárcel porque no hay derecho a que hayan destrozado diez vidas, aparte de la de mi hija", sentenció la madre de una de las menores que fueron víctimas de una red de prostitución en Murcia en 2014. Esta madre espera que "haya fiscales honrados y se haga justicia" por las menores.
Se han organizado manifestaciones para mostrar el rechazo a la ínfima condena y la sensación de impunidad. Altamira Gonzalo, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, considera la sentencia como "un ejemplo de justicia misógina, patriarcal y clasista", argumentando que la dilación excesiva del proceso ha beneficiado a los acusados, mientras que las víctimas han sido ignoradas.
Esto envía un mensaje "peligroso y disuasorio" a futuras víctimas de violencia sexual, al percibir que la denuncia no conduce a una justicia efectiva, sino más bien a un proceso tortuoso que termina con condenas irrisorias. España -recuerda la jurista- es uno de los países "en los que menos se denuncian los delitos sexuales, se calcula que apenas un 8%". A su vez, insiste Gonzalo, "más del 60% de las condenas por delitos sexuales son inferiores a dos años", es decir, que "casi no existen condenas de privación de libertad a personas que han quitado y han dañado tu libertad sexual. Es una vergüenza", lamenta.
Su enfoque destaca la ausencia de una perspectiva centrada en la reparación y el acompañamiento a las entonces menores. En opinión de la experta, las indemnizaciones y penas de multa, que oscilan entre los tres y los 12 euros diarios, "no se corresponden con la magnitud de los traumas sufridos, incumpliendo las directrices establecidas por instrumentos internacionales como el Convenio de Estambul".
En este caso, la sentencia parece haber sido más severa con las personas que facilitaron el contacto entre los explotadores y las víctimas, que con los propios empresarios, colaboradores necesarios de esta situación de violencia.
Los delitos cometidos se produjeron en 2014, cuando la legislación era menos severa y protegía menos a las menores víctimas de este tipo de abusos. A partir de 2022, por ejemplo, la inhabilitación para el ejercicio de actividades que impliquen contacto regular con menores es obligatoria, mientras que antes no lo era. Esto "limita la capacidad de los tribunales de imponer ciertas penas, lo que contribuye a la sensación de que las condenas no se corresponden con la gravedad de los hechos".
Gonzalo subraya la necesidad de que el sistema judicial considere a las víctimas como el centro de estos procesos, garantizando que sus derechos sean prioritarios en todas las fases del juicio, desde la instrucción hasta la ejecución de la sentencia.