La figura de José Ruz Martínez, un empresario valenciano, ha cobrado relevancia en el contexto de la investigación del caso Koldo. Su trayectoria empresarial, marcada por contratos millonarios y relaciones con figuras políticas clave, ha generado interrogantes sobre posibles irregularidades en la adjudicación de obras públicas. El Grupo Parlamentario Popular ha apuntado directamente a este empresario y ha solicitado en las Cortes Valencianas todos los contratos de la Generalitat valenciana con sus mercantiles.
Mapa de la Comunidad Valenciana, donde José Ruz tiene su base de operaciones.
El demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama Koldo y la implicación de los dos números dos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salpicado a Valencia y a la Comunitat Valenciana debido a la "estrecha" relación de todo el grupo -José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García- con un constructor valenciano, José Ruz, que se habría beneficiado, presuntamente, de distintas adjudicaciones del Ministerio de Transportes. En el informe de la UCO se hace especial mención a contratos vinculados al baipás de Valencia, el Puerto de Valencia y la estación de AVE de Elche, adjudicados a través del entorno del exministro socialista.
Inicios y Problemas Financieros de LIC
Ruz, ingeniero de caminos, fue gerente y es accionista del 20 % de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), con sede en Alberic (Valencia), según recoge la Guardia Civil. En 2019, la situación financiera de LIC era crítica. La compañía arrastraba una deuda pendiente de cobro en Argelia de 14,37 millones de euros, más del 75 % del total global de 18,3 millones que la empresa tenía por cobrar de sus obras iniciadas. A esto se sumaban otros 3,39 millones en Panamá y 386.543 euros en Armenia. Las cuentas anuales reflejaban pérdidas de 474.859 euros y señalaban que los impagos obligaban a ralentizar o paralizar los proyectos tanto en Argelia como en Panamá.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, figura clave en las relaciones de José Ruz.
Búsqueda de Soluciones y Contactos Políticos
Fue entonces cuando José Ruz acudió al Ministerio de Transportes, que lideraba José Luis Ábalos, en busca de soluciones. Según los informes de la investigación judicial, Ruz solicitó una reunión con el hombre de Ábalos, Koldo García, para exponer sus problemas financieros en el extranjero. Allí le recomendaron contactar con Víctor de Aldama, empresario bien conectado en los entornos políticos, como posible intermediario.
La UCO acreditó en su investigación la relación entre Koldo y José Ruz. El primer contacto documentado entre Ruz y Koldo, según la UCO, tuvo lugar el 19 de marzo de 2019, cuando el constructor envió un correo electrónico solicitando reunirse con el asesor. El encuentro se habría producido finalmente el 27 de marzo de 2019 en las dependencias del propio Ministerio de Fomento. A partir de ese momento, la relación entre ambos se intensificó progresivamente. Koldo pidió a Ruz que no revelara a nadie que mantenían contacto, y, con el objetivo de ocultar su estrecha relación a terceros, le proporcionó un teléfono específico para establecer una comunicación segura, a la que se referían como "café". Según el informe, hablaban de “tomar café” incluso a altas horas de la noche o cuando se encontraban en localizaciones distintas, concertando a través de numerosos mensajes sus comunicaciones por esa vía: “Te llamo luego, con café, que para eso tienes el café” o “Mira el café”. La relación entre Ruz y Koldo -a quien el constructor llamaba "jefe"- surgió gracias a Víctor de Aldama, al que en sus conversaciones se referían como “niño”, “pitbull” o “perro”.
El Papel de Argelia en la Recuperación Financiera
Pese a todo, Argelia continuaba siendo el principal motor internacional de LIC. De los 47,9 millones de euros de cifra de negocios registrados en 2019, 19,1 millones procedían de Argelia, muy por delante de Panamá (6,7 millones) y Armenia. La empresa confiaba en poder recuperar los pagos pendientes y mantener su posicionamiento estratégico en el país.
El auténtico punto de inflexión llegó, casualmente, en el mismo año del viaje oficial de Sánchez a Argel, en 2020. Fue entonces cuando la deuda pendiente de cobro por parte de LIC en Argelia se redujo de forma drástica: pasó de 14,37 millones a 9,53 millones de euros, lo que permitió ingresar 4,84 millones en apenas 12 meses. Este alivio financiero, obtenido poco después de la visita presidencial, supuso un balón de oxígeno para una empresa muy expuesta al mercado argelino. LIC no solo recuperó parte de su liquidez, sino que también reforzó su imagen institucional. Cinco millones de euros es la cifra aproximada que logró recuperar el constructor valenciano José Ruz de las autoridades argelinas tras acompañar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita oficial al país magrebí en octubre de 2020.
Adjudicado en 2014 y en ejecución desde 2015, el proyecto fue confiado a un consorcio hispano-argelino liderado por LIC, la constructora alicantina CHM (Constructora Hormigones Martínez) y dos socios locales. Las obras sufrieron continuos retrasos, parones y graves advertencias oficiales del Estado argelino. El comunicado instaba a reactivar las obras, desplegar los medios técnicos y humanos necesarios y entregar las fases prioritarias dentro de los plazos pactados. Además, recordaba que la administración ya había enviado tres requerimientos previos en febrero y marzo de ese mismo año, y advertía que el consorcio acumulaba reiterados incumplimientos del calendario. Estas presiones no eran nuevas. Desde 2017 se acumulaban avisos por paralizaciones, compromisos incumplidos y falta de recursos. En 2018, las autoridades locales ya alertaban de que el avance de las obras apenas superaba el 3 % en más de un año. Se trataba de un proyecto estratégico para conectar Mascara con la red nacional de autopistas y mejorar la seguridad vial, pero que permanecía prácticamente estancado. En octubre de 2023, el propio Ministerio reconocía que era necesario asignar nuevos fondos, revisar precios y compensar pérdidas de cambio para poder finalizar los trabajos.
El año 2021, tras el impacto del viaje con Sánchez a Argel y la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital español, fue muy positivo para la compañía. LIC volvió a cerrar el año con un beneficio neto de 575.461 euros. Buena parte de este repunte se debió nuevamente al empuje de la filial argelina, donde los resultados mejoraron de forma notable. Sin embargo, en 2022, los viejos fantasmas del pasado volvieron tras el deterioro diplomático entre España y Argelia por el giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental al reconocer la soberanía marroquí sobre ese territorio. LIC cerró el ejercicio con pérdidas y una facturación de 45,6 millones, de los cuales poco más de 3,6 millones procedían del país magrebí, la cifra más baja en una década.
Ya en 2023, la empresa de José Ruz se asomó al abismo tras declarar 39 millones de pérdidas, de los cuales, según la empresa, 22 millones correspondían a sus obras en Argelia. Aunque la facturación se disparó hasta los 60,1 millones de euros, en el país del norte de África se llegó a la pírrica cifra de 67.000 euros. La empresa alertaba en su memoria de que enfrentaba graves tensiones de tesorería por la lentitud en los cobros, especialmente en sus contratos internacionales.
Contratos y Subvenciones Bajo Sospecha
El empresario valenciano José Ruz Martínez, supuestamente beneficiado por la trama Koldo, no solo recibió contratos millonarios, también se vio favorecido por importantes subvenciones. THE OBJECTIVE ha tenido acceso a los contratos adjudicados y a las subvenciones y préstamos recibidos. En total, suman 16,1 millones desde abril de 2020 a noviembre de 2023. A través de la comunidad y sus departamentos de Agricultura y de Industria y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y la Agencia Valenciana de la Innovación se hizo con 232.000 euros. Todas las entregas dinerarias sin contraprestación fueron otorgadas durante el Gobierno de Ximo Puig. Mientras, el Estado, mediante el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, hizo llegar casi 16 millones en garantías del ICO.
Levantina, Ingeniería y Construcción se hizo en mayo de 2022 con un contrato en Canarias para reformar el Edificio Royal y convertirlo en sede de la Agencia Tributaria Canaria. La mercantil logró adjudicación valorada en 6,5 millones de euros. Solo tres meses antes -el 11 de febrero- José Ruz y Koldo García coincidieron en el mismo hotel en Las Palmas de Gran Canaria. Dos días después, se colgó en la Plataforma de Contratación el anuncio de licitación.
Un año después del encuentro en el hotel Exe Las Palmas, la investigación de la Guardia Civil constata otro encuentro entre Ruz y el exasesor de Ábalos. Fue el 8 de febrero de 2023 en La Chalana, el restaurante elegido por la trama para las reuniones importantes. En el encuentro también estuvo presente el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García, quien es considerado una “pieza clave” en la gestión de los contratos investigados en el caso Koldo. La investigación sitúa al guardia civil como enlace entre los empresarios Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama con determinados cargos públicos.
Aunque son más, el sumario de la causa señala cuatro adjudicaciones a las empresas de Ruz. En 2020 se hizo con una obra ferroviaria en Asturias. Posteriormente, se concedió otra adjudicación para obras del AVE Madrid-Barcelona-Zaragoza y otra cuya adjudicataria fue la Autoridad Portuaria de Melilla. En total, fueron 5,3 millones. A estos hay que añadir los 6,5 millones de la adjudicación del Gobierno canario.
Resumen de Contratos y Subvenciones
A continuación, se presenta un resumen de los contratos y subvenciones recibidos por José Ruz y su empresa:
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Contratos Adjudicados (2020-2023) | 5,3 millones € (Asturias, AVE Madrid-Barcelona-Zaragoza, Melilla) + 6,5 millones € (Canarias) |
| Subvenciones y Préstamos | 232.000 € (Comunidad Valenciana) + 16 millones € (Garantías ICO) |
| Total | Aproximadamente 28,032 millones € |
La Fiscalía sospecha que Cueto habría conseguido embolsarse 5,1 millones de euros en comisiones, mientras que De Aldama habría percibido otros 6,7 millones de euros. En ambos casos, ocultaban esos beneficios a través de un complejo entramado de empresas en el que Soluciones de Gestión era utilizada como pantalla.
Declaraciones y Negaciones
Tres empresarios han negado este viernes en el Tribunal Supremo haber pagado comisiones a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García a cambio de la adjudicación de obras públicas. El magistrado Leopoldo Puente ha tomado declaración como investigados a José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), a los que imputó el mismo día que a Cerdán.
Fuentes del caso señalan que Ruz ha negado haber pagado un sueldo mensual al antiguo asesor ministerial, como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero sí ha aceptado haberle pedido a García una reunión con Cerdán para intentar conseguir contratos. Según estas fuentes, ni el juez ni el fiscal le han preguntado si finalmente se reunieron.
Ruz sí le han preguntado por una conversación entre él y Koldo García hallada por la Guardia Civil en el teléfono del ex asesor ministerial en la que el empresario pide reunirse con “el navarro”. Ruz ha confirmado esta interpretación al señalar que “el navarro” era Cerdán y la “ganadería” la forma en la que se referían a los partidos políticos, en este caso el PSOE.
El empresario ha admitido que cuando Ábalos y Koldo García salieron del Ministerio, en julio de 2021, “sucedió una cosa”: “Yo milagrosamente empecé a quedar último en los contratos de Adif, pasé de quedar primero a quedar último”. Ruz ha contado que fue a hablar con Javier Herrero, entonces director general de Carreteras, y con Isabel Pardo de Vera, que era presidente de Adif. “Santos era el último que me quedaba”, ha dicho para justificar su interés en reunirse con él.
Tres de los cinco empresarios que están imputados por su presunta implicación en el pago de comisiones a exdirigentes socialistas en el marco del caso Koldo han declarado como investigados este viernes en el Tribunal Supremo y han negado su participación en estas mordidas. El primero en comparecer ha sido José Ruz, administrador de la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), seguido por los hermanos Fernández Menéndez, Antonio y Daniel, vinculados a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR).
Depués de las tres declaraciones, el juez ha ordenado medidas cautelares para los tres presuntos corruptores. En concreto, ha decretado la comparecencia cada quince días de todos ellos y la retirada del pasaporte para Ruz, junto a la prohibición de salir de España. Con esta decisión de Puente, queda descartado el ingreso en prisión preventiva, como ha hecho con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Uno de los hermanos Fernández, le ha detallado al juez que Koldo García, exasesor del ministro Ábalos, le habría pasado el currículum de su mujer, Patricia Úriz, y que este medió para que fuese empleada en la subcontrata Anfersa. Por su parte, Ruz ha asegurado que estuvo en varias ocasiones en casa de Ábalos y en su ministerio. Además, ha explicado que no contrató directamente a Koldo, sino que lo hizo a través de una agencia de seguridad, aunque sí que se reunió con él en numerosas ocasiones.
Además, el lunes también será una jornada importante en el Supremo con las declaraciones de Antxon Alonso, empresario de Sevinabar, y el responsable de Acciona en Navarra, Fermín Merino.
El magistrado imputó a todos estos empresarios el mismo día que a Santos Cerdán al considerar que podrían haber participado en la "indebida adjudicación" de obras públicas a favor de sus sociedades mediante "la realización de pagos" que habrían recibido los implicados en esta causa. Los nombres de estos empresarios aparecen en los audios grabados por Koldo y que recabó la UCO en su informe.
Por eso mismo, el magistrado ha solicitado a la Guardia Civil que recabe nueva información sobre las cuentas o productos bancarios que tengan a su nombre estos cinco empresarios, así como los depósitos bancarios que tengan sus respectivas empresas. El instructor abrió una causa contra los empresarios tras conocer el informe de la UCO que destapó una presunta trama de amaños de obra pública con la implicación de Cerdán, como su presunto cabecilla, además de Ábalos y Koldo.
Puente señaló a Ruz como "un elemento común a los principales investigados", esto es, a Cerdán, Ábalos, Koldo y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Según indicó el instructor, habría mantenido reuniones con todos ellos e informado del resultado de las mismas a Koldo.
Es preciso recordar que Ruz ya declaró en el Supremo a comienzos del presente año por sus vínculos con Aldama. En aquella testificación, negó su implicación en irregularidades, aunque admitió que recurrió al comisionista para cobrar una deuda. Según ha señalado la UCO, el primer contacto entre el empresario de Levantina y Koldo se produjo mediante un correo electrónico que Ruz mandó al asesor en marzo de 2019 para explicarle que era "dueño de una empresa constructora de Valencia" y para pedirle "una pequeña reunión".
En cuanto a los hermanos Fernández Menéndez, cuñaodos del empresario imputado de Acciona, la Guardia Civil detalla que fue precisamente Merino quien les habría introducido en 2018 en el Ministerio de Transportes aprovechándose de su relación con Koldo, con quien había coincidido en Navarra. La UCO detectó tres expedientes con los que se podría "haber tratado de beneficiar de forma irregular a OPR". Más en detalle, se trata de obras públicas en Asturias, Monforte y Úbeda por un valor que asciende a los 7,3 millones de euros.
"Parece que hemos hecho bingo en la obra de Asturias", comentó a Koldo el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero. En su informe, la unidad de la Guardia Civil también incluye mensajes en los que se observa cómo los hermanos Fernández le increparon a Koldo que su empresa había quedado en los últimos puestos de algunas licitaciones. "Si hace falta cojo el coche, voy donde haga falta, ya a nivel personal", dijo uno de los hermanos en 2019.
Altibajos Financieros y el Impacto de la Política Internacional
La empresa valenciana Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) ha vivido unos años bastante convulsos que ahora se ven, si cabe, agravados tras el conocimiento de su implicación y la de su antiguo propietario, José Ruz, en la trama de corrupción conocida como caso Koldo. El último capítulo en la vida societaria de esta compañía se desarrollo en el primer trimestre de este año, cuando la firma acabó en manos de los antiguos copropietarios y parte del ex equipo directivo de una de las empresas señeras de la construcción valenciana: Cyes.
LIC, con sede en Alberic, tuvo una etapa de al menos diez años de gran crecimiento que se derrumbó en noviembre de 2023 cuando tuvo que presentar un preconcurso de acreedores por los problemas financieros derivados de Argelia, uno de los países a través de los cuales se expandió por el extranjero, según informó el diario 'El Economista'. También estuvo en Panamá, del que salió en 2022 tamibén por las dificultades en los pagos.
Casi cuatro años después de que José Luis Ábalos fuera fulminado como ministro de Transportes en un movimiento que muchos interpretaron como un intento de contención de daños en Moncloa, la trama que lleva su nombre -y que se ramifica hacia Santos Cerdán y Koldo García- sigue revelando capas de un entramado que combina adjudicaciones millonarias, comisiones opacas y fiestas privadas con prostitutas.
Este periódico se ha puesto en contacto con Ruz para recabar su versión, pero el constructor valenciano ha declinado amablemente hacer ningún pronunciamiento sobre los hechos. Se trata de una figura clave por su relación con el entramado criminal que se investiga en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El constructor más beneficiado por el Ministerio de Transportes fue uno de los principales colaboradores de Ábalos y Koldo durante sus tres años de mandato.
Diferentes testigos consultados por THE OBJECTIVE le sitúan en reuniones habituales en el restaurante La Tragantía de Madrid, donde se reunía el «grupo acelerador» desvelado por un empresario a este periódico. En su declaración ante el Tribunal Supremo, Pepe Ruz confirmó esas reuniones habituales, al igual que reconoció haber pagado 77.500 euros a Víctor de Aldama por ayudarle a recuperar una deuda en Panamá. Un porcentaje que, presuntamente, solicitaba también a los empresarios que reclamaban sus servicios de mediación con la Administración, a través de Ábalos y Koldo, según desveló a este diario un empresario de incógnito, que fue testigo directo de las operaciones en las que se negociaban comisiones del 20% a cambio de agilizar licitaciones y contratos con la Administración.
«Había un grupo de gente encargada de acelerar todos los proyectos en relación con la Administración. Este grupo estaba formado por un líder, que sería el señor José Ruz», relató el testigo. La amistad entre Ruz y Ábalos no es nueva ni casual. Se remonta a la infancia, según múltiples testimonios, y se tradujo en privilegios concretos. Ruz formó parte de la delegación oficial del Ministerio de Fomento en un viaje a Georgia para la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo (OMT), un detalle que ilustra hasta qué punto se trataba al constructor valenciano como parte del séquito ministerial.
Entre las operaciones bajo sospecha destacan varias con claros indicios de irregularidad: la obra de emergencia en Asturias adjudicada por ADIF (alrededor de cinco o seis millones), la conservación de carreteras en Teruel (otros cinco o seis millones), el gran bocado de la autovía A-12 entre La Rioja y Burgos (cerca de 72 millones) y reformas como la del Edificio Royal en Canarias (entre seis y siete millones), donde se sospecha la intervención directa de Koldo y contactos con figuras como el entonces presidente autonómico Ángel Víctor Torres.
El objeto de esas citas del «grupo acelerador», según el testigo exclusivo, era claro: «Coger proyectos, ver la viabilidad de acelerarlos con la Administración y luego cobrar una comisión por ello». La mordida se repartía: una parte supuestamente para el partido, otra para los interlocutores directos que conocían los entresijos burocráticos -Koldo y Ábalos, los que más sabían de cómo mover los hilos-.
Sin embargo, THE OBJECTIVE ha podido contrastar con fuentes próximas a la trama que el verdadero organizador y pagador de esas fiestas con prostitutas era Pepe Ruz. Esta revelación no es aislada. Se enmarca en un patrón más amplio: el uso de mujeres de compañía como moneda de cambio en el entorno de Ábalos y Koldo, documentado en audios, mensajes y registros de la UCO.
Mensajes interceptados muestran cómo se coordinaban «reuniones discretas» -incluido el alquiler de pisos vía Airbnb para encuentros con prostitutas-, citas con empresarios en casas particulares (como la cena de Ábalos, Koldo y Ruz en la vivienda de Ángel Víctor Torres en Las Palmas, días antes de una licitación millonaria) y hasta referencias a «catálogos» de chicas clasificadas, publicados en exclusiva por este medio.
Ruz, imputado en el Tribunal Supremo por cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, niega cualquier irregularidad y sostiene que sus contactos eran legítimos y sus pagos, laborales.