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El caso de la "manada de empresarios" en Murcia ha generado una ola de indignación y debate en la sociedad española. Este escándalo, que involucra a empresarios de la Región de Murcia acusados de participar en una red de prostitución de menores, ha puesto en tela de juicio la efectividad del sistema judicial y la protección de las víctimas de explotación sexual.

Audiencia Provincial de Murcia, donde se llevó a cabo el juicio.

El Relato de los Hechos

Los hechos ajusticiados tuvieron lugar hace una década. De hecho, fue en 2015 cuando la Policía Nacional dio por desarticulada esta red que captaba a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios y discotecas de la Región de Murcia, o bien a través de anuncios de Internet para que se prostituyeran en pisos de alterne y a domicilio.

La red actuaba en Murcia, sus pedanías y municipios de alrededor como Lorquí. El perfil de los clientes, por su parte, era "muy variado", con edades de 40 a los 80 años, y llegaban a pagar desde 80 a 200 euros por cada servicio. Parte de este montante se lo llevaban las víctimas y otra los organizadores, tal y como trascendió cuando se dio a conocer el operativo.

La investigación comenzó en agosto de 2014, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la desaparición de una menor. Sus progenitores indicaron que desde hacía tiempo su hija mantenía un alto nivel de vida, pero que no le conocían trabajo remunerado alguno, por lo que la Policía sospechó que podía estar prostituyéndose.

Tras llevar a cabo numerosas gestiones indagatorias, la Policía Nacional logró localizar a la menor en un piso de la capital murciana, en el que también residían otras chicas y un matrimonio dueño de la vivienda. Los agentes pudieron también constatar que en dicho domicilio la menor y otras jóvenes, algunas también menores de edad, estaban siendo explotadas sexualmente por los propietarios del inmueble.

Los Acusados y sus Roles

La Fiscalía acusaba a tres mujeres que actuaban de madames o mamis, es decir, las encargadas de captar a las menores de edad en puertas de discotecas y colegios. Asimismo, entre los acusados figuraban dos hombres que se encontraban de los traslados y una cuarta mujer que actuaba de vínculo entre las 'mamis' y las menores.

En el momento en el que la Fiscalía redactó la acusación figuraban nueve clientes de esta red de prostitución procesados. Para cada uno de los responsables de la red de prostitución, la Fiscalía demandaba siete años de cárcel por cada una de las menores captadas. En el caso de los clientes, el Ministerio Público solicitaba cuatro años de prisión por cada uno de los delitos.

Sin embargo, tras el pacto alcanzado entre las defensas de los clientes y la Fiscalía, la pena se ha rebajado a cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos y no tendrán que pasar por prisión.

Pacto con la Fiscalía y Evitación de Prisión

Un total de siete empresarios de la Región de Murcia han reconocido que pagaron a cambio de mantener sexo con menores de edad, pero evitarán ir a la prisión tras pactar con la Fiscalía una pena de cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos. Asimismo, en la causa figuran otros seis acusados que pertenecían a la red de captación y prostitución de las menores que también han pactado con la Fiscalía y que, previsiblemente, tampoco irán a prisión.

Ninguno de los 13 acusados irá previsiblemente a la cárcel porque el cómputo de las penas pactadas por cada uno de ellos no excede los dos años de prisión, siempre que satisfagan el pago de la pena en concepto de responsabilidad civil. No obstante, el juez convocará una nueva sesión para ver si suspende las penas o no.

Este acuerdo ha generado una fuerte controversia, ya que muchos consideran que las penas son insuficientes y que se ha priorizado la agilidad del proceso judicial sobre la justicia para las víctimas. La indignación se ha extendido entre la sociedad, que ve en este caso un ejemplo de impunidad y de falta de protección a las menores.

Reacciones y Manifestaciones

La decisión judicial ha provocado una ola de indignación en la sociedad, especialmente entre los colectivos feministas. Se han organizado manifestaciones y protestas para denunciar la impunidad y exigir justicia para las víctimas. Los manifestantes consideran que la sentencia es una muestra de la persistencia de patrones machistas en la administración de justicia y que no se ha tenido en cuenta el daño causado a las menores.

Manifestaciones frente al Palacio de Justicia de Murcia.

El Colectivo Fuste ha desplegado pancartas frente a la sede del Palacio de Justicia de Murcia como protesta, denunciando que la sentencia "libra de la cárcel" a los acusados de prostituir menores. Las pancartas resaltan que las víctimas "Eran menores" y que provienen de hogares vulnerables. El colectivo lamenta que la dilación del procedimiento ha servido como atenuante para los acusados, pero nadie ha llamado la atención sobre el hecho de que la ausencia de un plazo razonable para tramitar una causa ha sido aún más lesiva para las víctimas.

¿Quiénes Eran los Clientes de la Red de Prostitución?

Los clientes de la red de prostitución eran hombres mayores, de entre 60 y 80 años, con vidas consolidadas y buena posición social. Entre ellos se encontraban un guardia civil jubilado, dos abogados, el dueño de varias farmacias, un empresario agrícola y hasta un candidato a diputado regional. Algunos de ellos eran conocidos por apodos como 'El Petrolero', 'el Botijero' o 'el Capitán'.

Dos de los acusados que más protagonismo han despertado durante el proceso son Juan Martínez, el sepulturero del cementerio de Alhama de Murcia, y Juan Castejón, exvicepresidente de los empresarios de la región de Murcia. Según el testimonio de una de las víctimas, Castejón no frenó al saber que estaba frente a una menor de edad: "Me preguntó cuántos años tenía y le respondí que 17. Entonces me pidió que me desnudara. Empezó a acariciarme y a besarme los pechos y la zona de la vagina. Luego quiso llegar a la penetración sin preservativo". La imputación fue lo único que detuvo a Castejón, quien dimitió rápidamente de su puesto en la patronal regional.

Juan Martínez también perdió su empleo tras cuatro décadas como enterrador profesional. Su caso resultó singular por el apoyo vecinal que despertó, con manifestaciones en la calle para exigir su restitución. Sin embargo, una de sus víctimas declaró: "Sabía que tenía 15 años, pero me tumbó en la camilla y empezó a tocarme".

¿Cómo Evitaron la Cárcel los Acusados?

A pesar de saber que pagaban por sexo con niñas menores, los acusados evitaron las penas de hasta 25 años de cárcel gracias a dos factores clave:

  • El Código Penal: En el momento de los hechos, la edad mínima para mantener relaciones sexuales en España era de 13 años, no de 16, como se fijó en una reforma posterior.
  • La Dilación Indebida: La demora del procedimiento judicial, que se ha alargado casi 10 años, fue utilizada por las defensas como atenuante.

La dilación indebida se debió, en parte, a la falta de jueces y personal en las oficinas judiciales, pero también a la capacidad económica de los acusados para interponer todos los recursos posibles. Según la jueza María del Prado Escoda, experta en casos de violencia de género, "a veces los recursos sí que es verdad que se utilizan con finalidades dilatorias".

Las Víctimas Frente a la Justicia

Las víctimas, procedentes de entornos pobres y desestructurados, sufrieron la misma dilación que los acusados, pero sin defensa alguna. Los vídeos de la instrucción revelan una falta de sensibilidad hacia las menores. Una fiscal llegó a decir: "Esto no solo es desagradable para ti, esto es desagradable para todos". Un abogado preguntó a una de las niñas: "¿Con cuántos hombres ha estado usted? ¿Con 100, con 60, con 40, con 10?".

Acusado Delitos Condena Inicial Condena Final (tras pacto) ¿Entra en prisión?
Juan Castejón ('El Petrolero') Pagar por sexo a 5 menores Hasta 25 años 2 años y 1 mes No
José A.A, Antonio G., Antonio M. Sexo con 2 menores No especificado 10 meses No
José J., Juan P., Juan M. Participar en prostitución de 1 menor No especificado 5 meses No
Yesenia Mercedes B.C. ('Yeni') Proxeneta (3 delitos) Hasta 16 años (total) 2 años por delito No (previsible)
Nelly Paola C.P. Proxeneta (6 delitos) Hasta 16 años (total) 2 años por delito No (previsible)
Ruth Karina D.T. Proxeneta (8 delitos) Hasta 16 años (total) 2 años por delito No (previsible)

Las Proxenetas: Víctimas y Verdugos

Yeni, Nely y Karina, las tres proxenetas, fueron condenadas a 6, 12 y 16 años de cárcel, respectivamente. Para ellas, la prostitución era una forma de ganarse la vida, replicando lo que a ellas mismas les pasó cuando eran más jóvenes.

Estas mujeres, de origen latinoamericano, sabían lo complicado que resulta abrirse camino en un país nuevo. Sin embargo, no les importó aprovecharse de otras inmigrantes, prostituyendo a otras mujeres. Este caso es un ejemplo sonrojante para la Justicia, por la manera en que se ha resuelto.

El Modus Operandi de la Red

Una de las víctimas relató que entró a formar parte de la red a través de una amiga. Contactó con Karina, una de las 'mamis', quien le comentó que tenía hombres a los que les gustaban las chicas jóvenes y que podía ganar mucho dinero. Karina le aseguró que los hombres solo tocarían y besarían, y que la respetarían.

El punto de recogida era el centro de negocios JC1 de Murcia, donde un chófer llevaba a las adolescentes hasta la pedanía de Zarandona. Allí eran presentadas a los clientes con nombres falsos. Poco a poco, las adolescentes veían en la prostitución una fuente rápida de ingresos. Algunos mensajes de una menor a un par de empresarios lo demuestran: "Mañana, ¿Quién? Dime, ja, ja, ja…" "Pueden ser dos sobrinas". "Sí o sí que necesito...".

Indignación y Protestas

La investigación se saldó con un pacto de condenas que ha indignado a colectivos como la Asamblea Feminista de Murcia y partidos políticos como PSOE y Podemos. La magistrada Concepción Roig explicó que la decisión de mantenerlos en libertad se debe, entre otros motivos, a que cinco de las once víctimas han pedido que los condenados no entren en prisión y que se les conceda una segunda oportunidad.

A pesar del arduo trabajo policial, el caso ha generado una gran frustración. La madre de una de las víctimas expresó su dolor: "Esta gente se merece pudrirse en la cárcel porque no hay derecho a que hayan destrozado diez vidas, aparte de la de mi hija".

El Caso de la Manada de Castelldefels: Un Paralelismo Inquietante

El caso de la manada de Castelldefels, en Barcelona, presenta similitudes inquietantes con el caso de Murcia. Cinco hombres fueron acusados de violar en grupo a tres mujeres, utilizando un modus operandi similar: contactar con las víctimas a través de redes sociales, ganarse su confianza e invitarlas a fiestas en las que eran agredidas sexualmente.

Tras un acuerdo de conformidad, los acusados pidieron perdón y aceptaron los hechos, logrando una reducción de sus condenas. Este caso, al igual que el de Murcia, ha generado un debate sobre la impunidad de los agresores y la necesidad de proteger a las víctimas.

La Reacción de la Sociedad

La sociedad murciana se ha dividido ante este caso. Algunos sienten vergüenza, otros rabia e indignación. La decisión de no encarcelar a los empresarios ha generado protestas y manifestaciones, impulsadas por colectivos feministas y ciudadanos indignados.

Sin embargo, también hay quienes prefieren no hablar del tema o desconocen los detalles del caso. Esta indiferencia y falta de conciencia son preocupantes, ya que perpetúan la impunidad de los agresores y la revictimización de las víctimas.

El Debate sobre la Educación Sexual

Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la educación sexual en los institutos de la Región de Murcia. Según Ana Mellado, secretaria de Igualdad de CCOO, el curso "Eso no es sexo" para prevenir la violencia sexual sobre menores se hizo en el 9% de los centros, a pesar de ser un compromiso.

La implantación del pin parental, que permite a los padres decidir si sus hijos asisten o no a talleres de sexualidad, dificulta aún más la tarea de educar a los jóvenes en materia de sexualidad y prevención de violencia sexual.