A 46 años del genocidio de clase, son contados con los dedos los empresarios procesados por los crímenes y muchos menos los condenados. Este 24 de Marzo, seremos miles en las calles de todo el país contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el acuerdo que pactaron el Gobierno, la oposición de derecha y el FMI, el cual legitima una deuda ilegal que se no paró de multiplicarse desde la dictadura, y sólo traerá más ajuste para las mayorías trabajadoras y populares.
El modo en que las empresas se involucraron en la represión a los trabajadores durante la dictadura muestra que se trató de una estrategia en la que los grupos económicos concentrados utilizaron al gobierno militar y el terrorismo de Estado a su servicio. No fue solo complicidad.
El terrorismo de Estado no sólo eliminó a los subversivos por sus ideas políticas; también se apoderó de empresas para contribuir a un proceso de acumulación de capital del que se beneficiarían ciertas oligarquías locales. Esa es la conclusión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) tras analizar 500 actas, revisar documentos de todo tipo y entrevistar a empresarios secuestrados y apoderados a lo largo del último año.
El informe preliminar de esta investigación, que se inició a pedido de diferentes juzgados, se presentó ayer. Sin ahorrar nombres: en el punto de mira están 'Clarín' y la transferencia accionarial de Papel Prensa, las desapariciones relacionadas con el ingenio azucarero de Ledesma (en la provincia de Salta, al norte del país) y firmas como Acindar y Techint.
Es, probablemente, la investigación más completa realizada hasta hoy sobre la trama financiera que sostuvo la dictadura, y que mantuvo después su poder. "Habrá que determinar si estos hechos constituyen lo que se entiende como crímenes de lesa humanidad", ha advertido la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El Contexto Económico y Social Previo al Golpe
En 1969 el Cordobazo había dado inicio a un proceso de luchas y ascenso del movimiento obrero. El ascenso obrero (…) también se sentía en sus fábricas.
En agosto de 1975, los grandes grupos empresariales fundaron la Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). Pocas semanas después los Bunge & Born, los Blaquier, los Reyes Terrabusi y los industriales de las golosinas agrupados en la CIPA fundan la COPAL, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines. Rápidamente la Copal se convirtió en fanática de los preparativos golpistas.
Las Fuerzas Armadas se encargaron de perseguir el activismo que se había organizado desde los 60 en los ingenios azucareros, las alimenticias del Gran Buenos Aires, en los frigoríficos, desapareciendo a comisiones internas y cuerpos de delegados enteros.
La represión fue acompañada de un conjunto de leyes que buscaban transformar las actividades sindicales: por un lado, la intervención de la mayoría de los grandes sindicatos y federaciones, que comenzó con la CGT y se extendió a decenas de organizaciones obreras y el retiro de la personería jurídica a otras. Por otra parte, una serie de normas establecieron el congelamiento de la actividad gremial. Así se suspendió el derecho de huelga, se eliminó el fuero sindical, fue prohibida la actividad gremial y la ley de seguridad industrial prohibió cualquier medida concertada de acción directa, trabajo a desgano y baja de la producción.
Además de toda esta batería de medidas antiobreras, menos de un mes después del golpe, se retomó la relación con el FMI, en abril de 1976. La deuda pública creció 5,5 veces durante la dictadura, pasando de U$S 8.085 millones en 1976 a U$S 45.065 millones en 1983. Es el crecimiento más elevado en la historia que tuvo la deuda en un período tan breve de tiempo.
Participación Directa de Empresarios en la Represión
La participación de los empresarios en la dictadura se dio en varios sentidos: a través del aporte de información sobre los trabajadores, detenciones en los lugares de trabajo, militarización de las fábricas, agentes de inteligencia infiltrados; y brindando recursos económicos y materiales, desde movilidad para trasladar a los detenidos hasta la expresión más extrema que fue la instalación de centros ilegales de detención y tortura en los propios establecimientos, como ocurrió en los casos de Acindar, Ford, Ingenio La Fronterita, Astillero Río Santiago, La Veloz del Norte.
Ford es el caso emblemático: “Las peores torturas durante la dictadura las sufrimos en el quincho de la Ford”, declaraba Pedro Troiani, delegado de la planta de Pacheco que declaró en el juicio de la causa Ford.
Sin dudas, en el podio encontramos también al multimillonario Carlos Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy. Los vehículos de su propiedad fueron usadasentre la madrugada posterior al golpe (entre el 24 y 25 marzo y durante el operativo conjunto de las fuerzas del Ejército, Gendarmería y Policía que se prolongó entre el 20 y el 27 de julio del 1976, conocido como el “Apagón de Ledesma”.
Cuatro empresarios azucareros fueron procesados por delitos de lesa humanidad en septiembre de 2021 en Tucumán por las torturas, privación ilegítima de la libertad y desaparición forzada de un total de 68 obreros del ingenio La Fronterita, donde funcionó un centro clandestino.
Poco después supo que Bedia había sido secuestrado, sus padres fueron testigos del operativo: los obligaron a tirarse al piso boca abajo mientras buscaban a su hijo. Los militares también ocuparon el Tiro Federal, otro predio improvisado como centro clandestino de detención. Una inspección judicial realizada en 2004 comprobó que allí aún. se conservaban pruebas intactas: agujas de tejer con cinta aisladora en los extremos utilizadas para picanear y restos de ropa manchada con sangre, entre otros hallazgos.
Al día de hoy, organizaciones de derechos humanos y querellantes de la megacausa Campo de Mayo, piden la indagatoria de integrantes de la empresa del Grupo Techint por crímenes de lesa humanidad.
La crueldad y el cinismo de la empresa, reflejados en aquellos años con los telegramas de despido enviados a familias de trabajadores desaparecidos, encuentran su réplica en la realidad actual: cientos de familias quedan en la calle en medio de un brutal ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores.
Mapa de los centros clandestinos de detención en Argentina.
La Impunidad y sus Consecuencias
A 46 años del genocidio de clase, son contados con los dedos los empresarios procesados por los crímenes y muchos menos los condenados. Los exgerentes de Ford Pedro Müller (89) y Héctor Sibilla (94), fueron condenados en diciembre de 2018 a penas de diez y doce años de prisión por 24 casos de obreros secuestrados en dictadura. Sin embargo a más de cuatro años de esa sentencia siguen en sus casas. Blaquier sigue esquivando su presentación con diagnósticos de salud falsos.
En el caso de Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, tras años de ser imputado en una causa por delitos de lesa humanidad contra dos obreros gráficos de su empresa, en 2016 fue beneficiado con una “falta de mérito”. Para no hablar de Ernestina Herrera de Noble, quien se murió impune.
Estos son algunos ejemplos de cómo la impunidad garantizada por todos los gobiernos y el Poder Judicial a los empresarios responsables, continúa hasta la actualidad.
Los empresarios de la dictadura
El Modelo Neoliberal Impuesto por la Dictadura
Los economistas que han colaborado con el informe ven en esta alianza entre empresarios y militares un intento de imponer en Argentina "un experimento a escala real del modelo neoliberal", en palabras de Arturo O'Connell, ex director del Banco Central. Fueron dos décadas, los 80 y los 90, de predominio de las políticas neoliberales en toda América Latina.
En Argentina, el gobierno de Carlos Menem quedó para la historia como el símbolo de las privatizaciones, en las que muchos argentinos ven un robo a su pueblo. Los beneficiarios de aquella época de dólares fáciles y negocios especulativos fueron "el capital financiero extranjero y los grupos económicos locales", según Basualdo. Y, si toda acumulación implica un despojo, los perdedores fueron las clases medias y bajas de Argentina. Apenas un dato: en 1974, apenas un 4% de las familias argentinas no alcanzaban a comprar la cesta básica de alimentos; el 1992 ese porcentaje había trepado hasta el 20%.
La misma tesis defiende Naomi Klein en su ensayo 'La doctrina del shock'. La investigadora canadiense sostiene que las dictaduras militares que se hicieron en los 70 con todo el Cono Sur respondieron a la necesidad de imponer por la fuerza las políticas neoliberales que defendía la Escuela de Chicago.