En España, las autoridades han intensificado las inspecciones en el sector agrícola, lo que ha resultado en la detención de varios empresarios por diversos delitos, que van desde la explotación laboral hasta la contaminación ambiental. Estas acciones policiales y judiciales buscan combatir las prácticas ilegales que afectan tanto a los trabajadores como al medio ambiente.
Operaciones contra la Explotación Laboral
Una serie de inspecciones en el ámbito agrícola, específicamente en fincas ubicadas en la comarca del Guadalentín, han destapado casos de explotación laboral. En Águilas, por ejemplo, se localizó a ocho mujeres de origen marroquí realizando tareas agrícolas sin contrato y sin la documentación necesaria para su estancia legal en el país.
Las investigaciones revelaron un modus operandi en el que las víctimas eran recogidas en zonas urbanas de Lorca y trasladadas a las fincas. Las mujeres desconocían las condiciones de trabajo, el horario y el salario, que finalmente era inferior al establecido para el sector. Además, carecían del material y equipo de protección necesarios para desarrollar su trabajo.
En Palma, agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos hombres españoles, propietarios de una empresa del sector agrícola en Mallorca, como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal. Los detenidos presuntamente reclutaban trabajadores de origen marroquí en su país de origen, quienes pagaban entre 15.000 y 22.000 € por un contrato de trabajo que les permitiera venir a España de forma regular.
La investigación, que duró más de tres meses, reveló que los empresarios se aprovechaban del entramado de la empresa y se repartían el dinero cobrado con un reclutador en el país de origen. También cobraban entre 6.000 y 8.000€ por contratos laborales que permitían a ciudadanos extranjeros regularizar su situación en España.
Las víctimas vivían en condiciones inhumanas y de semiesclavitud, con jornadas de trabajo durísimas, sin apenas descanso, y con un salario mensual que oscilaba entre los 150 y los 200 euros.
Una investigación de la Guardia Civil ha detectado a 11 ciudadanos extranjeros trabajando en fincas agrícolas de Mazarrón y Águilas. Los trabajadores operaban sin contrato. Han sido detenidas 6 personas como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En Mazarrón, el equipo de investigación detectó a tres ciudadanos extranjeros, sin contrato de trabajo, realizando tareas agrícolas en una finca. Los propios peones desconocían para qué empresa trabajaban.
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Condenas Judiciales por Explotación Laboral
La Audiencia Provincial de Jaén condenó a penas de entre seis meses y dos años de prisión a 12 personas que explotaban a trabajadores rumanos y moldavos en campañas agrícolas. Según la Fiscalía, las condiciones de trabajo eran pésimas, tratándolos como animales, racionándoles la comida, alojándolos en lugares indignos y provocando una situación similar a la esclavitud.
La condena se produjo tras un acuerdo de conformidad entre las partes, que permitió rebajar las penas solicitadas inicialmente por el Ministerio Fiscal. El fiscal Cristóbal Fábrega justificó el acuerdo debido al tiempo transcurrido desde los hechos (2019) y la dificultad para localizar a todos los implicados.
Con el acuerdo alcanzado, el cabecilla de la red delictiva fue condenado a dos años de prisión, otros cinco integrantes a un año y medio, y los seis empresarios españoles a seis meses. Además de las penas de prisión, todos los acusados deberán pagar una multa de 900 euros e indemnizar a los 21 trabajadores explotados con 1.000 euros cada uno.
Según el escrito de la Fiscalía, los procesados crearon una organización ilegal para ofrecer trabajadores, provenientes en su mayoría de Rumanía y Moldavia, a empresarios agrícolas que los emplearían sin autorización para trabajar y sin darlos de alta en la Seguridad Social.
La investigación de la denominada ‘operación Urofort’ se inició en Fuerte del Rey (Jaén) y se saldó inicialmente con la detención de 16 personas en varias provincias. La Guardia Civil detectó hasta 145 víctimas, aunque estimó que podría haber hasta 600 afectados por esta red delictiva, que podría obtener beneficios de un millón de euros al mes.
Delitos Ambientales en el Sector Agrícola
No solo la explotación laboral es un problema en el sector agrícola español. Dos empresarios agrícolas de Torre Pacheco se han sumado esta semana a la lista de condenados por la Justicia por haber contaminado el Mar Menor con el vertido de aguas con nitratos procedentes de desaladoras ilegales. En una de las decenas de causas en que fue troceado el 'caso Topillo', el juzgado de Lo Penal 1 de Cartagena ha condenado a Pedro A. S. y a Antonio I. G.
Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la CHS desmantelan una desaladora ilegal en el Campo de Cartagena, en una imagen de archivo.
Resumen de Casos y Condenas
| Delito | Ubicación | Número de Detenidos/Condenados | Descripción |
|---|---|---|---|
| Explotación Laboral | Águilas | Varios | Trabajadoras marroquíes sin contrato ni documentación. |
| Trata de Seres Humanos y Explotación Laboral | Mallorca | 2 Empresarios | Reclutamiento ilegal de trabajadores marroquíes. |
| Explotación Laboral | Jaén | 12 (6 Empresarios) | Explotación de trabajadores rumanos y moldavos en condiciones inhumanas. |
| Delitos contra los trabajadores y extranjeros | Mazarrón y Águilas | 6 | Trabajadores extranjeros sin contrato. |
| Contaminación Ambiental | Torre Pacheco | 2 Empresarios | Vertido de aguas con nitratos al Mar Menor. |