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La creación y el crecimiento de las empresas desempeñan un papel fundamental en el proceso de crecimiento económico y en el aumento de la productividad, aportando valor añadido a todos los sectores de la economía. En España, las PYME y los trabajadores autónomos constituyen más del 99 % del tejido productivo en términos de número, representan algo más del 61 % del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 64 % del empleo.

Su relevancia implica que cualquier política orientada a la mejora del posicionamiento económico, social o medioambiental de nuestro país tome en consideración de forma prioritaria a las PYME. Un objetivo crucial de la política económica es el de eliminar las barreras a la entrada y salida de empresas que obstaculizan la eficiente asignación de los recursos y, con ello, el crecimiento de la productividad, que es, a largo plazo, el principal factor determinante del crecimiento potencial de la economía.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las PYME

En este contexto, España ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del que se pretende, no solo recuperar la economía española de los efectos de la pandemia, sino relanzarla con ambiciosos objetivos de modernización, para ponerla en óptima situación de cara a afrontar los desafíos del futuro. Esta ley se enmarca en el Componente 13 de este Plan, que tiene por título «Impulso a las pyme». Mejorar el dinamismo empresarial es fundamental para aprovechar las oportunidades que ofrecen las reformas e inversiones que se derivan del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Diversos trabajos de investigación corroboran que las mejoras regulatorias del entorno empresarial, entre las que se incluyen las que facilitan el inicio de un negocio, tienen un impacto muy significativo en la creación de empresas. Las PYME además adolecen de una mayor debilidad estructural respecto a las empresas de mayor tamaño (como la menor productividad, menor capacidad exportadora, baja inversión en innovación, baja digitalización, reducida capacidad para generar empleo estable, entre otras), por lo que adaptar la regulación para facilitar su crecimiento es algo esencial para mejorar su competitividad general.

Medidas Clave de la Ley para PYMES

La factura electrónica es clave para el crecimiento de las pymes españolas

La ley aborda varios aspectos clave para impulsar el crecimiento y la competitividad de las PYMES:

  • Digitalización: La promoción del uso de la factura electrónica en operaciones entre empresarios y profesionales es una medida para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil.
  • Reducción de Costes de Creación: Se elimina el requisito de un importe mínimo de capital para crear una sociedad de responsabilidad limitada. Esta medida supondrá una reducción en el coste de creación de empresas, lo que promoverá la creación de nuevos negocios, permitirá emplear los recursos liberados en usos alternativos y reducirá los eventuales incentivos a crear empresas en otros países con menores costes de constitución.
  • Simplificación de Trámites: Se establece la obligación, para los notarios y los intermediarios que asesoren y participen en la creación de las sociedades de responsabilidad limitada, de informar a los fundadores de las ventajas de emplear los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), para su constitución y la realización de otros trámites ligados al inicio de su actividad.
  • Eliminación de Obstáculos Regulatorios: El capítulo III persigue la eliminación de obstáculos a las actividades económicas dentro de los parámetros de la mejora de la regulación.
  • Lucha contra la Morosidad: El Capítulo IV recoge medidas para la lucha contra la morosidad comercial, la cual supone un lastre importante para la economía española, muy especialmente para las PYME.

Actualización de la Definición de PYME

El pasado 4 de noviembre, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley que actualiza la definición de PYME. En este contexto, el pasado 4 de noviembre, el Consejo de Ministros presentó el anteproyecto de ley que actualiza dicha definición. Esta medida es la culminación de una directiva aprobada por la Comisión Europea a finales de 2023, que ordenaba a los Estados miembros ajustar los criterios de tamaño empresarial para reflejar la realidad económica actual: la inflación. La aprobación de este cambio legislativo, que actualiza la definición de pyme, tiene además una característica importante y es su efecto retroactivo.

Es decir, aunque la luz verde del Gobierno se ha producido hace unos días, la norma está diseñada para aplicarse a los ejercicios sociales que comenzaron a partir del 1 de enero de 2024. Esto significa que las cuentas anuales que muchas empresas están cerrando o revisando en estos momentos ya pueden beneficiarse de los nuevos umbrales.

El objetivo de la norma que actualiza la definición de PYME es el de evitar que la subida generalizada de precios infle de forma artificial las cifras de negocio de una pequeña empresa. Y es que, la alta inflación ha provocado que empresas que no habían aumentado su plantilla ni su volumen real de actividad se hayan visto, de repente, clasificadas como gran empresa o mediana empresa simplemente porque su facturación ha aumentado por el incremento de los precios.

Este ajuste era especialmente necesario porque los umbrales llevaban más de una década sin actualizarse, lo que hacía que la inflación acumulada distorsionara la verdadera dimensión económica de miles de empresas. Con la nueva normativa, muchas empresas que hasta ahora eran consideradas medianas pasarán a ser pequeñas, lo que les permitirá utilizar modelos contables más sencillos y ahorrar en costes.

De hecho, según los datos del Gobierno, casi todas las empresas españolas (alrededor del 98,5%) podrán acogerse a estos regímenes contables simplificados con esta nueva regulación. El efecto de la nueva normativa será inmediato y automático una vez que se apruebe en el Congreso de los Diputados.

Nuevos Umbrales para la Definición de PYME

La nueva normativa se centra en tres pilares: el balance total de la empresa, el volumen de negocio y el número de empleados.

  • Microempresa: No contar con una facturación neta superior a 900.000 euros.
  • Pequeña Empresa: No contar con un importe neto de cifra de negocios (facturación) superior a diez millones de euros.
  • Mediana Empresa: La cifra de negocio deberá ser inferior a 50 millones de euros.

Para que una empresa cambie oficialmente de categoría, es necesario que supere o deje de superar estos límites durante dos ejercicios consecutivos, tal y como establece la normativa contable. Esto evita que fluctuaciones puntuales en los ingresos o el balance alteren su clasificación de forma temporal.

A continuación, se presenta una tabla comparativa con los umbrales actualizados:

Categoría Balance Total (Antes) Balance Total (Ahora) Volumen de Negocio (Antes) Volumen de Negocio (Ahora) Número de Empleados
Pequeña Empresa 4 millones € 7,5 millones € 8 millones € 15 millones € ≤ 50
Mediana Empresa 20 millones € 25 millones € 40 millones € 50 millones € ≤ 250

Impacto de la Nueva Definición en las Cargas Administrativas

Más allá de los números, el gran valor de esta nueva definición de PYME reside en su impacto cualitativo sobre la gestión diaria. La nueva ley no solo reduce las cargas administrativas, sino que libera tiempo a los departamentos financieros, lo que aumenta la eficiencia empresarial. Al eliminarse estas obligaciones para miles de empresas, los recursos, tanto humanos como financieros, se reorientan desde la burocracia hacia la innovación, la expansión internacional o la mejora del producto.

Este alivio regulatorio puede multiplicarse si se acompaña de mejoras internas en la gestión administrativa, especialmente en áreas donde las PYME suelen invertir más tiempo y recursos. Sin embargo, la simplificación normativa externa debe ir acompañada de una optimización interna.

Herramientas de digitalización como Factura Digital con Billin de Vodafone Empresas hacen que la facturación electrónica sea un proceso ágil y seguro. Al automatizar tareas, se reducen los tiempos de gestión y se minimizan los errores que pueden causar problemas contables. Además, esta digitalización permitirá a las empresas adaptarse con mayor facilidad a las futuras obligaciones de facturación electrónica y transparencia financiera, que avanzan hacia modelos cada vez más estandarizados y automatizados en toda la Unión Europea.